La destitución de Quim Torra de la presidencia de Generalitat de Catalunya por sentencia unánime del Tribunal Supremo, al encontrarle culpable de un delito continuado de desobediencia no será revocada. El Tribunal Constitucional ha rechazado la medida cautelarísima que presentó el abogado de Torra, Gonzalo Boyé, en que se pedía suspender la sentencia del supremo, hasta la resolución de los recursos ordinarios, que siguen su trámite y sus amplios plazos de tiempo.
Este era el clavo a que se aferraba Quim Torra para no ser expulsado de la presidencia de la Generalitat, que ya no ejerce desde el 29 de septiembre, y que podía haberle devuelto el sillón del Palacio de Pedralbes.
Pero la respuesta del pleno del Constitucional mantiene a Torra inhabilitado, al menos, hasta que sea resuelto su recurso ordinario, ante el mismo tribunal.
Consecuencias de la denegación
Esta decisión implica que Torra no podrá ejercer cargo público, ni presentarse a unas elecciones, al menos en año y medio, que es el tiempo de condena por inhabilitación, al que el Supremo le condenó. Por ello, la presidencia interina de Pere Argonés tendrá que ocuparse de la tarea de convocar nuevas elecciones en Cataluña, si como se prevé ningún otro candidato del parlamento catalán se presenta para presidente y gana la mayoría de la cámara.
Todo parece pensar que esto no va a ocurrir, dado que entre los partidos nacionalistas no parece haber un candidato de consenso que JPC y ERC puedan apoyar con auxilios externos de los partidos de izquierda y en el sector "constitucionalista" del Parlamento no se dispone de mayoría suficiente para proponer una candidatura.
Por ello lo más plausible, de hecho la posibilidad se lleva jaleando desde la destitución de Torra, sea la de unas nuevas elecciones que la oposición reclama inmediatas, por que los nacionalistas prefieren apurar los plazos, hasta la probable fecha del 14 de febrero del próximo año.
La estrategia de este retraso se debe al evidente interés de los nacionalistas de influir en los Presupuestos Generales del Estado, PGE, y con ello en el Gobierno de Pedro Sánchez, que acaba de anunciar una inyección económica de la UE para reactivar la economía destrozada por la gestión de la pandemia de coronavirus.
Manteniendo el Gobierno catalán, aunque sea interino, los separatistas tendrían mayor capacidad de influencia y no con la incertidumbre de un nuevo parlamento, donde se altere el juego de mayorías.
La reacción de Torra a la decisión judicial
La reacción a la decisión del Constitucional ha sido respondida por Torra como una injusticia planeada, un "atropello democrático", declarar a España como un "país injusto" y víctima de una conspiración: "del proceso penal para dar una pretendida pátina de legalidad, a lo que constituye un verdadero fraude constitucional: el derrocamiento del Gobierno de la Generalitat surgido de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 21 de diciembre de 2017, con su presidente a la cabeza, por medios no democráticos y solo aparentemente legales".
Reacción por otra parte de esperar, pero que lleva a ciertos analistas a hacerse esta pregunta: ¿Por qué si consideraba de antemano esa injusticia ha recurrido al Tribunal Constitucional?
La respuesta a esto implicaría que sus recursos eran solo medidas dilatorias, ante una justicia en la que no creé para aferrarse al poder y potenciar el proceso de secesión catalán, actualmente en vía muerta. Con todo entre recursos y asperezas de la actual política nacional todo hace pensar que las tensiones y debates sobre la cuestión catalana se agudizarán en el futuro inmediato.
