El T.S. se ha pronunciado antes de agotar los 5 días de plazo a los que se había emplazado a la Fiscalía y a la acusación particular, sin esperar la reacción de Vox. Tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, el president del Parlament declara que “agotará todas las vías legales” y que va a recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por no haberle concedido a Sánchez el permiso para asistir a la sesión convocada para ser investido president de la Generalitat de Cataluña, alegando que vulnera su derecho de participación política.

JxCat declara que el candidato tiene “todo el derecho” a asistir a la sesión, dada su condición de diputado del Parlament, y por el momento se mantiene firme en la convocatoria de la misma sesión, aunque eso suponga alterar el orden del día.

El delegado del gobierno en Cataluña, Mendez de Vigo, ha manifestado que “no tiene sentido mantener la sesión de investidura de Jordi Sánchez” encontrándose éste en prisión, y que es obligación de las fuerzas parlamentarias elegir a un candidato que se encuentre en situación de poder ejercer las funciones de la presidencia de la Generalitat. Advierte que “no se puede engañar constantemente a los catalanes “ y que “el gobierno actuará si se producen actos”.

Añade que "El Gobierno ha demostrado con claridad su vocación y deber: cumplir con el orden. Lo ejerció en octubre, lo ejerce cada día y lo hará. Este Gobierno no va a permitir que en Catalunya" se incumpla el orden constitucional y estatutario”.

Las razones del Juez Llarena y la Fiscalía

Sánchez se mantiene en prisión provisional preventiva, y las razones de Llarena para no concederle la libertad ni el permiso extraordinario son el “riesgo de reiteración delictiva”.

Argumenta el juez que los presuntos delictos que se están investigando hubiesen desplegado actuaciones claramente ilegales, pasando por encima de los controles constitucionales, legales e institucionales.

Según Llarena los derechos a proteger en este caso pasan por encima de los derechos subjetivos de Sánchez, ya que ponen en riesgo facultades más necesitadas de protección.

Según el juez, respetar los derechos de Sánchez supondría poner en peligro actos de reiteración delictiva que serían consecuencia de su puesta en libertad o permiso.

Así pues, la fiscalía considera que persiste el riesgo de reiteración delictiva, y que este podría darse en el marco de “sede parlamentaria”, por lo cual se considera “extraordinario” y justifica la decisión que se ha tomado.

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