Hace poco, un artículo publicado en EL País, escrito por Alejandro Esteller-Moré, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, que llamó la atención.
El problema de la digitalización
Al parecer, la digitalización de ciertos negocios estaría afectando de forma negativa a la capacidad fiscal de los Gobiernos.
El catedrático menciona varios ejemplos, como es el caso de los negocios digitales. Una tienda online no necesita tener una presencia física significativa a la hora de obtener beneficios, de modo que la reducción del nexo territorio-beneficios puede provocar que aquellos países en los que se realizan las ventas no recauden por el impuesto de sociedades.
La sede de muchas empresas de este sector se encuentran en países en donde la tributación es más baja.
Probablemente, este no sea el caso de los pequeños negocios digitales, que suelen centrarse en la venta o en la oferta de servicios en un entorno más o menos cercano al cliente potencial; sin embargo, las grandes fortunas digitales de la actualidad, como Google, Facebook o Amazon, localizan sus empresas matrices en estos lugares.
Los peces gordos saben en donde nadar
Se estima que el gigante Amazon, llegó a tributar unos 4,2 millones de euros durante los años 2014, 2015 y 2016. Cualquier persona entiende que es una cifra ridícula teniendo en cuenta los enormes beneficios de la empresa a nivel Europeo y, ni más que decir, a nivel global.
Por este motivo, la Comisión Europea le hizo un reclamo el 3 de octubre de 2017 para que devolviera 250 millones de euros por ciertas ventajas fiscales que le ofreció Luxemburgo.
La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, criticó la actuación de Amazon, asegurando que "Luxemburgo concedió ventajas fiscales ilegales a Amazon.
En consecuencia, casi tres cuartas partes de los beneficios de Amazon no fueron gravadas. En otras palabras, se permitió a Amazon pagar cuatro veces menos impuestos que otras compañías locales sujetas a la legislación nacional".
Google tampoco se queda atrás. Fue muy comentado el escándalo de su modus operandi en Irlanda, en el que creaban una matriz que comercializaba los productos y recibía los ingresos para pagar posteriormente a otra filial de la empresa en la islas Bermudas.
Este desvío del beneficio redujo al mínimo el dinero que Google debía tributar en Irlanda. Por ello, la UE pedía que Google devolviera 13.000 millones de euros, un dinero que Irlanda se niega a aceptar, ya que ello supondría dejar de ser un destino atractivo para las empresas tecnológicas.
Respecto a esto, en España se aprobó recientemente una nueva legislación contra el fraude fiscal que incluye un impuesto sobre ciertos servicios digitales, también llamado tasa Google, por el cual las empresas que facturen más de 750 millones de euros deberán pagar el 3% de sus ingresos por publicidad online, servicios de intermediación y la venta de datos de los usuarios. Se estima que gracias a ello, España recaudará unos 1.200 millones de euros.
Facebook, por su parte, habría obtenido ventajas fiscales por el traslado de su sede al Reino Unidos en 2016 para el mismo propósito, evitar pagar.
Posibles soluciones
Paralelamente a este problema de gran magnitud, hay quienes proponen crear un registro financiero internacional en el que se especifique el lugar de residencia de los accionistas de una empresa, de esta forma, estos tendrían que pagar según sus beneficios. Este seguimiento puede hacerse mediante el empleo del plastic money, lo cual permitirían también controlar las bases de iba y las rentas de los autónomos y empresas.
El problema está en la amoralidad del capitalismo neoliberal globalizado. No puede ser que empresas con tan buenos beneficios se nieguen a contribuir a las sociedades que les ayudan, directa o indirectamente, a obtenerlos.
Podría decirse que todos nosotros trabajamos para Google o Facebook sin darnos cuenta, ya que no paramos de compartir información sobre nosotros mismos (nuestros gustos, pensamientos, últimas compras, hoteles,etc) y todo ello se queda registrado.
Dejando a un lado el tema de la privacidad, tan importante o más que el aspecto puramente financiero del asunto, se debe entender que ha llegado un momento en el que no se puede seguir así.
En Europa tienen que mantener los Estados de Bienestar, ya que las pensiones de los mayores, las escuelas, los hospitales, los cuerpos de seguridad, las Administraciones Públicas y los transportes dependen de ello. Que estas empresas eviten pagar solo provoca un sobreesfuerzo por parte de toda la población por mantener los resultados, por no decir, que ello puede provocar que los gobiernos del Estado de turno sigan maniobrando con nuevos impuestos para saquear los bolsillos de la clase media y la de los pequeños y medianos empresarios en favor de las multinacionales.
