Razones para implementar la mediación comunitaria desde la Administración Pública

La mediación es un método alternativo de solución de conflictos de carácter voluntario por el que un tercero imparcial, el mediador, tiene la función de fomentar el entendimiento entre los interesados con el fin de llegar a un acuerdo que beneficie a ambos.

Cabe distinguir lo que es la mediación en el ámbito privado y la mediación en el ámbito público. Ésta última es propiamente la mediación comunitaria.

En el ámbito privado nos referimos concretamente a la mediación civil y mercantil, regulada en la Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles y en sus reglamentos de desarrollo.

Esta ley es de aplicación en todo el territorio español. La competencia en la regulación de mediación familiar corresponde a cada comunidad autónoma.

La incentivación de acudir a la mediación en el ámbito privado es un objetivo que se incluye en Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que hace constantes referencias a acudir a este método de resolución de conflictos.

Se considera ventajosa en muchos de los aspectos que coinciden con la mediación comunitaria: descarga al sistema judicial de la gran cantidad de casos que tiene que resolver, mejora las relaciones, al no colocar a las partes en una situación de confrontación, ayuda a la cohesión social, y supone un ahorro disminuyendo los costes en cuanto a tiempo y dinero, si bien pierde su carácter gratuito, puesto que hay que pagar los honorarios de los abogados que hacen las funciones de mediadores.

Tanto desde la normativa interna como desde la europea existe un interés en promocionar la mediación, por los motivos ya expuestos, y además porque en los últimos años se ha constatado un aumento de conflictividad social.

Sin embargo este artículo tiene por objetivo el remarcar los beneficios de implementar la mediación comunitaria [VIDEO], que se enmarca dentro del ámbito público, tiene que ser incentivar mediación [VIDEO] y es de carácter gratuito.

Para ello es necesario crear centros de mediación, especialmente vinculados a la Administración Local, que es la que tiene un contacto más directo con la ciudadanía.

Acciones de mediación en los municipios y servicios de mediación para todos

En la implementación de los servicios de mediación hay que tener en cuenta cuatro perspectivas: la política, la social, la de los profesionales y la de la ciudadanía.

Perspectiva política

Los objetivos básicos son la creación de un espacio imparcial donde resolver los conflictos y la promoción de la responsabilidad de los ciudadanos, así como su participación como compromiso para solucionar entre ellos sus propias disputas.

La voluntad política del gobierno y el marco jurídico determinan los conflictos que van a ser objeto de la mediación.

En cualquier caso, cuando el Ayuntamiento es parte del conflicto el servicio de mediación municipal no puede actuar, porqué habría un conflicto de intereses, no se cumpliría el principio de imparcialidad, ni tampoco el de igualdad entre las partes, ya que la administración tiene una serie de prerrogativas o privilegios frente a los particulares que romperían el principio de horizontalidad.

La provisión del servicio de mediación tiene que ser pública y debe incluirse en los presupuestos ordinarios anuales del Ayuntamiento.

Perspectiva social

Se ha constatado la necesidad social de incorporar nuevas formas de resolución de conflictos en la comunidad, especialmente en los ámbitos vecinal e intercultural, debido a las transformaciones sociales. Debido a estos cambios, los conflictos se incrementan y necesitan de una respuesta para mantener la convivencia pacífica e impedir que se agraven o deriven en situaciones violentas.

Perspectiva profesional

Al instaurar un servicio de mediación en un Ayuntamiento, todos los trabajadores de se ven involucrados. Esto hace posible un trabajo conjunto entre todos ellos, necesario para gestionar correctamente el servicio. Se requiere una formación específica en mediación, tanto para que puedan gestionar mejor los casos que se les presenten, como para mejorar sus habilidades y saber realizar una correcta derivación en los supuestos que así se requiera.

El objetivo es establecer una red profesional, que trabaje coordinadamente con una red de servicios de mediación en colaboración entre ellos, capaces de dar una respuesta adecuada a las demandas de los ciudadanos ayudándoles a cubrir sus necesidades por el bien del interés público.

Así, el Ayuntamiento se convierte en la garantía de un marco institucional que favorece el entendimiento y que crea la confianza necesaria en la ciudadanía para que acuda a él en lugar de optar por otras vías como la judicial.

Perspectiva ciudadana

Los miembros de la comunidad necesitan un espacio de seguridad donde resolver sus conflictos cotidianos y que pueden encontrar en el servicio de mediación y en el buen asesoramiento e información por parte de todos los profesionales implicados.

La voluntad de encontrar una solución por la vía de la mediación depende de su sola voluntad, porque ya disponen de los servicios institucionales necesarios.

Esta voluntad y la responsabilidad que comporta, además de su implicación en el proceso, van en beneficio, no solo de los propios interesados, sino de la comunidad y la sociedad en general, que se vuelve autosuficiente y capaz de abordar otros conflictos futuros desde una nueva perspectiva basada en el diálogo y el entendimiento.

Así se logra un cambio de actitud y de conducta que beneficia a la sociedad en su conjunto.