Este domingo 4 de febrero Salvados ha emitido un programa sobre la industria cárnica de España. Muchos activistas se han colado en mataderos, laboratorios farmacéuticos y granjas de Estados Unidos para desvelar las condiciones de los animales que sirven de alimento a la población, pero en España pocos se han atrevido a hacer esto, pues se supone que las leyes europeas y la legislación española son rigurosos con el trato hacia estos animales. Lo más relevante del programa fue lo que no se pudo ver.

Jordi Évole fue rechazado para hacer entrevistas a directores responsables de empresas como el pozo. También se le negó acceder a granjas proveedoras.

Pero esto no le frenó para grabar la realidad igualmente.

Jordi Évole e Igualdad Animal se cuelan en una granja proveedora de El Pozo

El periodista entrevistó a Francisco José González Zapater, director general de Ganadería de la Región de Murcia y le mostró las imágenes de una granja porcina que suministra carne a Cefusa, empresa que pertenece a El Pozo Alimentación.

Pese a que no se mostraron las imágenes, el hombre reconoció que se debería cerrar esa granja. Después Jordi le preguntó por la cantidad de inspectores que tenían. Tras la respuesta del director, que dijo que habría unos cuarenta y tantos, Jordi le replanteó poner más ¿Dónde establecemos la cifra? Évole propuso “En los suficientes para que esto no tenga que encontrarlo una ONG [VIDEO] y lo encuentre la administración”.

El programa, que afirmó por adelantado no estar en contra de la industria cárnica, dejó claro el estado deplorable en el que se hacinan animales en granjas.

Llenos de úlceras, agonizantes, algunos con malformaciones e incluso con evidencias de canibalismo, los cerdos llegan a convivir con otros que están ya muertos. Algo grotesco a lo que, más que apartar la mirada, se debe plantar cara.

Salvados denuncia las condiciones de los trabajadores de las granjas españolas

Montse Castañé, coordinadora obrera sindical, declaró que “En las empresas vale más el cerdo que va colgado que el trabajador”. Tras la reacción ante las imágenes de estos cerdos, nos imaginamos los problemas a los que se enfrentan las personas que trabajan con El Pozo. No hay trabajadores españoles en los mataderos porque ninguno accedería a matar miles de cerdos al día cobrando 900 euros al mes.

Varios propietarios entrevistados confirmaron que las inspecciones se habían hecho cada tres o hasta siete años. Algunos ni si quiera habían tenido inspecciones aún.

A la industria cárnica, bastamente enriquecida en un país como España, no le interesa incrementar sus costes beneficiando a los dueños de las granjas. Ni tampoco quieren que las inspecciones se lleven a cabo de manera estricta, pues estas prácticas de maltrato son demasiado frecuentes.