La segunda parte de la trilogía sobre el gas radón analizará la nueva normativa de la UE, que se aprobó en 2013 (2013/59/Euratom) y que acaba de entrar en vigor este mes de febrero para todos los países miembros, entre ellos España. El propósito principal de la ley "antiradón" es buscar soluciones para contrarrestar sus efectos tóxicos a través de unas medidas de prevención, que considero del todo insuficientes, sobre todo, en uno de sus apartados.
A continuación, les detallaré los principales aspectos del nuevo reglamento europeo para combatir este gas cancerígeno, que está concentrado en las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía:
- Evitar la entrada del radón con un mayor aislamiento en los nuevos inmuebles y reducir los niveles de este gas en las viviendas construidas.
La obligación de realizar mediciones en lugares de trabajo que están ubicadas en zonas de riesgo.
Los niveles de medición que se marcan para rebajar las emisiones de radón es de un límite máximo de 300 becquelios por metro cúbico (bq/m3).
Precisamente, este último punto referido a los niveles para medir el gas radón, es a todas luces un disparate y es ridícula para tratar de minimizar los daños graves que pueden causar a la salud de las personas, como ya advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para que ustedes se hagan una idea de la inconsecuencia de los dirigentes de la UE es que todos los geólogos y expertos medioambientales señalan que un nivel superior a 100 bq/m3 ya es peligroso para contraer un cáncer de pulmón y la directiva europea deja el límite 200 bq/m3 por encima de lo que se debería para que verdaderamente estas medidas surtieran los efectos deseados.
Algunas viviendas de Galicia alcanzan los 4.000 bq/m3
Sólo les doy unos baremos de los índices de radiación que se han dado en algunas zonas de la Península Ibérica. Galicia, la comunidad española más afectada por esta sustancia radiactiva natural, ha registrado niveles de radón en algunas viviendas que han llegado a superar los 4.000 bq/m3. Por lo tanto, entiendo que hay que ser más tajante a la hora de buscar soluciones a este serio problema, que ha dañado gravemente la salud de muchas personas en España y en Europa.
En una rueda de prensa reciente que recoge la agencia Europa Press sobre los peligros que conllevan este gas tóxico, el director de Proyectos de Investigación de mercados, GKF, y principal afectado, Héctor Jiménez Zaera, señaló que "las exposiciones al radón pueden llegar a causar 1.500 muertes al año, debido a que provocan cáncer de pulmón a aquello que lo inhalan".
Creo que estas declaraciones resumen la gravedad del tema y hay que ser más serio con estas medidas, que recordemos han tardado más de 30 años en ponerse en marcha por la inoperancia y dejadez de las autoridades europeas ante la denuncia continua de la comunidad científica.
El espejo al que se debería mirar la comunidad europea es Estados Unidos, donde existen leyes desde hace 30 años y donde más de ha trabajado para evitar la exposición del radón.
El caso del ingeniero norteamericano Stanley Watras puso en alerta a las autoridades de este país en 1984. Watras tenía un empleo en la central nuclear de Limerick.
Siempre que entraba a trabajar saltaba la alarma en el rutinario control de radiación. Sospecharon en principio que la contaminación que sufrió venía de la fábrica, pero finalmente descubrieron que su exposición a la radiación procedía del hogar del propio ingeniero, donde detectaron unos estremecedores niveles de 100.000 bq/m3.
Estados Unidos, pionero en la lucha contra el radón
Este precedente hizo que en 1988, se decidiera aprobar en el Congreso una normativa federal (Indoor Radón Abatement), que marcó como meta a largo plazo que los niveles de radón en el interior de sus viviendas sean tan bajos como en el aire exterior. En este sentido, los niveles recomendados por las autoridades estadounidenses para controlar el radón en los edificios son de 148 bq/m3 y lo hacen de forma periódica. Además, se publica una Guía para el ciudadano sobre el radón y hay oficinas por todo el país que informan sobre este gas tóxico y las precauciones que se deben tomar.
En trece de sus Estados es obligatoria la entrega de una certificación de radón en la construcción de viviendas nuevas.
Dicho todo esto sería recomendable que los estados miembros de la Unión Europea tomaran buena nota de Estados Unidos y comenzaran a sentar unas bases sólidas para reducir paulatinamente los efectos letales del radón y así evitar desgracias mayores para la salud de los ciudadanos que residen en las zonas de riesgo.
Para cerrar esta trilogía referente al gas radón, les haré llegar en mi próximo artículo la "preocupación" de la comunidad científica por este gas mortal y los consejos que dan para rebajar las emisiones del radón en edificios construidos.
