Gracias a un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos (CSIF, UGT y CIG), y que probablemente sea firmado hoy por Carolina Darias, ministra de Política Territorial. Dicho documento, que de ser aprobado entraría en vigor el lunes 22 de junio (día del fin del Estado de Alarma), establece que los funcionarios de la AGE (Administración General del Estado) puedan teletrabajar cuatro de los cinco días laborables hasta el fin de la pandemia, en el marco de la “nueva normalidad”. El escrito pone las siguientes condiciones para que un funcionario de la AGE se pueda acoger a dicho acuerdo: que tengan hijos menores de 14 años, personas dependientes o que sean vulnerables al COVID-19.
El resto de funcionarios del AGE podrá trabajar de forma 'no presencial' un día a la semana.
Los requisitos para acogerse a este documento no obligan a nadie a tener que teletrabajar si los cumple
Y es precisamente la 'modalidad no presencial' lo novedoso del acuerdo. Hasta un 20% de la jornada será presencial para los colectivos prioritarios (estos son los más vulnerables), y un mínimo del 20% será presencial para aquellos colectivos no prioritarios, lo cual abre las puertas a la posibilidad de los funcionarios que no cumplan las tres normas antes descritas puedan ampliar sus días de teletrabajo si lo negocian con la empresa.
Este documento no afecta al funcionariado autonómico, aunque podría llegar a extenderse hasta ellos también
El acuerdo no obliga a nadie a acogerse a él, es una decisión voluntaria del trabajador, que será quien negocie con la empresa los días que teletrabajará (máximo cuatro, mínimo ninguno), aunque este refleja que la tendencia de la Administración será la 'modalidad no presencial' (el documento se abstiene de denominarlo teletrabajo).
Sin embargo, todo esto podrá ser reversible en el caso de que el trabajador así lo deseé o las circunstancias del servicio de la Administración lo requieran.
Carlos Martínez afirma que es un acuerdo que pretende facilitar la conciliación familiar y laboral
De momento, este documento solo afecta a la Seguridad Social, las oficinas de los ministerios, la Policía, la Agencia Tributaria, etcétera; pero podría llegar extenderse al funcionariado de las comunidades autónomas.
Carlos Martínez, responsable de AGE en el sindicato CSIF, ha asegurado que el acuerdo es un gran salto cualitativo en los derechos del trabajador y que jamás en la historia de España se había llegado a un acuerdo de este estilo, además de que este ayudará a la conciliación de la vida laboral y familiar, además de un avance en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en ambas parcelas.
