El Tribunal Supremo ha registrado la primera querella contra el actual ministro de Interior, Fernando Marlaska (PSOE), por supuestamente intentar abortar la polémica investigación a nivel judicial por el 8-M. La denuncia, que ha sido interpuesta por un consultor que ha sido asistido, en todo momento, por el abogado Manuel Santaella, pide que se investigue al ministro por un supuesto delito de encubrimiento. Después del archivo de la causa por el 8-M, la Sala número dos del Tribunal Supremo ha recibido la primera querella en contra de la labor por parte de Fernando Grande-Maraska (PSOE), ministro del Interior, por llevar a cabo la destitución de forma fulminante y polémica de Pérez de los Cobos, coronel y máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid.

La investigación judicial era sobre el papel del PSOE y Unidas Podemos en el 8-M a pesar de las advertencias por el coronavirus

Una decisión que vino cargada de polémica ya que, como quedó reflejado en la documentación presentada para proponer su cese, se realizó por el hecho de que Pérez de los Cobos se había negado a informar al ministro del contenido de una investigación judicial y secreta sobre las manifestaciones feministas del 8-M que podrían afectar seriamente al actual Gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos. Esta primera denuncia que pide al Alto Tribunal que investigue el comportamiento llevado a cabo por Grande-Marlaska ha sido interpuesta por Ramón Trillo, un conocido consultor, que ha estado asistido en todo momento por el abogado Manuel Santaella, y que ha pedido que se ejerza la acción popular sobre el titular de la cartera de Interior.

La investigación señalaba, supuestamente, que el PSOE permitió la manifestación a pesar de los avisos de la OMS

La denuncia atribuye un supuesto delito de encubrimiento al actual máximo responsable del Ministerio de Interior, al haber mentido públicamente sobre la causa real de la polémica destitución de De los Cobos al asegurar que se trataba de una sencilla reestructuración en los equipos que forman parte del Instituto Armado.

Sobre esto, la susodicha querella, sostiene que Grande-Marlaska (PSOE) encubrió con sus falsas explicaciones en la propia sede parlamentaria al menos dos delitos que fueron cometidos por miembros de su equipo.

El primero, habría cometido un delito de conspiración por revelación de secretos (al llevar a cabo la exigencia a los altos mandos del cuerpo de la Guardia Civil y de la propia directora del Cuerpo al mencionado De los Cobos que les facilitaran información sobre un atestado que habían llevado a cabo y en el que parecían presentarse algunos indicios de delitos por parte de algunos responsables del propio Ministerio de Sanidad al permitir, a pesar de los avisos recibidos por parte de la OMS, la cuestionada y multitudinaria manifestación feminista del 8-M.

Grande-Marlaska se ha convertido en una de las figuras más mediáticas del Gobierno del PSOE-Unidas Podemos

Al mismo tiempo, la demanda asegura que el actual ministro del Interior, una de las figuras más relevantes del actual gobierno de coalición de PSOE-Unidas Podemos, encubrió otro supuesto delito al proponer una infidelidad en la custodia de importantes documentos y un grave delito de “violación de secretos”. Por esta razón, de manera paralela, se solicita que se lleve a cabo la investigación de Grande-Marlaska por otro delito de tipo penal: la omisión del deber de perseguir cualquier tipo de delito que vaya contra la Constitución, más concretamente, el que habían cometido varios funcionarios públicos en contra de los derechos a nivel individual.

La querella repasa de manera cronológica, todo lo que ha sucedido a lo largo de las últimas semanas, desde el momento que el Juzgado de Instrucción nº 51 de la ciudad de Madrid decidió abrir diligencias para llevar a cabo la investigación por si las autoridades hubieran llevado a cabo alguna irregularidad al permitir la realización de la mencionada manifestación del 8-M a pesar de las advertencias ante la pandemia del Coronavirus.

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