El retraso que vienen sufriendo muchas familias en el pago de prestaciones y ERTES ha hecho que el ambiente en las oficinas del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) haya llegado a tal punto de hostilidad que los funcionarios que trabajan en ellas teman por su integridad física, por los casos, de momento puntuales, de amenazas que algunos han recibido por parte de ciudadanos desesperados por cobrar aquellas ayudas que se les prometió. Tal es la problemática que CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha pedido al Gobierno más medidas de seguridad, no solo en lo referente a lo sanitario, o no se abrirán las oficinas.

Las actitudes hostiles de momento son pocas, pero CSIF pide que se refuerce la seguridad para proteger a los trabajadores

El 16 de marzo las oficinas del SEPE fueron cerradas al público por la pandemia, pero se garantizó que sus servicios seguirían de forma telemática. Ahí empezaron los problemas. La red del Servicio Público de Empleo se colapsó por la incapacidad de responder a todos aquellos que acudían a las oficinas diariamente, y después llegó el aluvión de trabajo debido a los miles de ERTES. Con unas plantillas muy reducidas, algo que CSIF lleva advirtiendo al Gobierno desde 2008 y pidiendo solución, un millar de interinos se han puesto a disposición de los funcionarios que ya estaban trabajando para ayudarles.

No es la cantidad de refuerzos inmediatos que habían pedido tanto Comisiones Obreras como UGT (Unión General de Trabajadores) que, por otra parte, ya han avisado de que se necesitarán a muchos más para todo el trabajo que vendrá después del verano.

El sistema se ha visto completamente colapsado lo que ha hecho crecer la desesperación de los ciudadanos por conseguir las ayudas económicas

Por eso, ni siquiera estas medidas han podido descongestionar el sistema. Los funcionarios denuncian que ni trabajando toda la semana, con doble turno (incluidos festivos), se está consiguiendo tramitar todos los ERTE que hay.

“Aquí no se nos mueren de COVID, se nos mueren de desesperación” declara María Fernández, empleada del SEPE en Palma de Mallorca.

Puertas aporreadas, amenazas por redes sociales y correo electrónico, funcionarios increpados después de salir de trabajar. Los funcionarios del SEPE, a través de los sindicatos CSIF y UGT, que no se abran las oficinas (lo cual está contemplado que se haga en la Fase 2) hasta que no se asegure el pago de todas las prestaciones, justamente para evitar que los episodios de hostilidad puntuales que se han dado contra los trabajadores pasen a más.

El Ministerio de Trabajo sabía que se podían dar estas reacciones hostiles y no reforzó adecuadamente las plantillas

El Ministerio de Trabajo, bajo el mando de Yolanda Díaz, ha asegurado que la reapertura de las oficinas se hará garantizando tanto la salud como la seguridad de los empleados. Sin embargo, Trabajo ya preveía que esto podía suceder, por lo que a finales de abril suscribió una póliza de seguros para estos funcionarios, en donde se garantiza asistencia letrada específica, los gastos judiciales y las reclamaciones de daños y perjuicios de todo tipo que puedan producirse.

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