El conocido caso de "los ordenadores de Bárcenas", que ha traído de cabeza al Partido Popular, ha dado un nuevo giro. Y es que la fiscal asignada a este juicio, Carmen Luciáñez, ha solicitado la aplicación de la "doctrina Botín" en favor de los de Génova 13.
Si la juez aceptara esta solicitud, esta organización política dejaría de estar acusada por el borrado y destrucción física de los discos duros de dos ordenadores en los que el extesorero mantenía información sensible sobre la contabilidad B del partido.
La doctrina Botín y una solicitud recurrente en esta causa judicial
El partido de M. Rajoy ya había pedido acogerse a la "doctrina Botín" en noviembre de 2017 sin gran éxito. Pero que ahora se sume la fiscalía da un espaldarazo a sus pretensiones. La "doctrina Botín" consiste en reconocer sólo a la acusación particular y a la fiscalía el derecho a perseverar en una causa judicial.
En otras palabras, si la fiscalía, que vela por el interés público, no ve indicio de delito y el afectado desiste de la acusación no habría motivo para continuar con la causa. Con esta petición de la fiscalía se cumplen ambos requisitos, ya que Luis Bárcenas, que era el afectado, desistió el año pasado de su querella contra el PP.
Sin embargo, la aplicación de esta doctrina es opcional, la juez no tiene ninguna obligación de hacer caso a la petición de la fiscalía. Un antecedente de esa opcionalidad se dio en el "caso Nóos". En aquel juicio, el juez Castro mantuvo en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina, a pesar del deseo de la fiscalía de no imputarla apelando a la doctrina Botín.
Los motivos de la fiscalía
En su escrito la fiscalía esgrime, para inclinarse por el sobreseimiento de los "populares", que durante la investigación no se ha logrado acreditar que "los hechos sean constitutivos de infracción penal alguna". En tal sentido, se argumenta que no se ha conseguido establecer que la información que contenían los ordenadores fuera relevante para la investigación judicial.
Ahora bien, la fiscalía parece obviar el hecho de que el motivo para borrar y luego destruir los discos duros fue justamente para ocultar información a la justicia cuando esta le fue solicitada al actual partido de gobierno. Algo que la juez del caso ya advirtió en uno se sus autos.
Un caso emblemático vinculado a la "caja B" del PP
Hay que recordar que el caso de los discos duros u ordenadores de Bárcenas se conoció en agosto de 2013, cuando el juez Pablo Ruz, entonces en la Audiencia Nacional, reclamó al PP dichos aparatos, esenciales en la investigación de la caja B de este partido. El envío de uno de ellos sin disco duro y el otro completamente borrado y rayado, derivó en un nuevo juicio en los juzgados de Madrid por destrucción de pruebas.
Después de que la juez asignada en un primer momento para investigar este caso en la Audiencia Provincial de Madrid, María Esperanza Collazos, lo cerrara sin ninguna diligencia, fue retomado por su sucesora, Rosa Freire. La nueva juez lo reactivó en enero de 2016, convirtiendo al PP en el primer partido en la historia de España en sentarse en el banquillo como acusado y poder hacer exigible su responsabilidad penal.
