El atroz crimen de Diana Quer, la desaparición de Marta del Castillo, o los casos de criminales que tras cumplir penas o en libertad provisional, reinciden —el pederasta multirreincidente de Astillero, el de Vila Seca, o el violador del estilete—, han vuelto los focos sobre la demanda social de que los criminales acusados de penas muy graves no anden libres pasado un tiempo limitado de condena. Tiempo que, además, la población suele considerar escaso.

Una ley de 2015 que se quiere derogar

Recordemos que la Prisión permanente revisable, que entró en vigor en 2015 gracias a la mayoría que el PP tuvo en el Congreso durante la décima legislatura, solamente se aplica a casos de extrema gravedad, asesinatos a personas menores de 16 años o personas especialmente vulnerables, también en casos como un homicidio de un jefe del Estado, un genocidio o crímenes de lesa humanidad.

En estos casos se somete al culpable a una prisión indefinida que se revisará una vez cumplida una parte considerable de la condena —a los 25 ó 35 años—, dependiendo de número de víctimas y la gravedad del delito.

Sin embargo, a pesar del clamor popular de dicha ley, salvo el PP y Unión del Pueblo Navarro, el resto de los partidos se pronuncia en contra, o como en el caso de Ciudadanos, se abstiene en su votación del Congreso. La posición de minoría de los populares en el Congreso en esta legislatura hace peligrar la prisión permanente revisable, y la proposición de ley para derogarla, impulsada por el PNV, fue admitida a trámite el pasado 10 de octubre.

Actualmente está en periodo de enmiendas en la Comisión de Justicia. La idea de los grupos de la oposición es acelerar el proceso para su derogación durante los próximos meses.

¿Qué opinan los distintos partidos?

A continuación, distintas posturas y declaraciones sobre la ley de prisión permanente revisable.

  • PP: promotor de la ley de prisión permanente que entró en vigor en 2015. La portavoz adjunta del grupo, María José Bonilla, pidió que se mantenga en el Código Penal, ya que no se trata de una cadena perpetua, sino de compatibilizar la reeducación y la reinserción social con una respuesta penal contundente en casos de especial gravedad. Ha señalado la existencia de leyes semejantes en países de nuestro entorno, y que es un medio de garantizar la seguridad, derechos y libertades de todos los españoles.
  • UPN: El diputado del partido navarro, Carlos Salvador, defendió la ley como constitucional y proporcional, en línea con el PP, siendo estos los dos únicos partidos que están a favor.
  • PSOE: A favor de la derogación. El portavoz de Justicia del PSOE en el congreso justifica el rechazo a esta ley por su contradicción. Lo que es permanente no puede ser revisable, y lo revisable no puede ser permanente, aclara. Recalca que la citada ley no endurece las penas. El PSOE sostiene que la ley es innecesaria, inoportuna y está mal concebida. Llama la atención que los votantes del PSOE son los más favorables a la prisión permanente revisable, según la última encuesta realizada el 17 de Enero por ABC.
  • Podemos: (y todo el grupo en el Congreso de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea): A favor de la derogación. Su líder, Pablo Iglesias, entiende que no se puede legislar en caliente, y que la justicia no es venganza. Que un sistema penal eficaz no se puede basar en sentimientos de venganza.

Eduardo Santos tachó al PP de ser profundamente reaccionario y de haber dado una patada hacia 1928, cuando la Dictadura de Primo de Rivera abolió la cadena perpetua, además de aplicar venganza en lugar de justicia y romper la tradición humanista del Código Penal.

Sostiene que no se garantiza la reinserción del condenado, debido a la revisión de la situación una vez cumplidos 25 ó 30 años de pena.

  • Ciudadanos. Postura abstencionista. Aunque en el fondo está en contra, lo que propone es un debate para derogar la ley y que se consiga el cumplimiento íntegro de las penas. Albert Rivera alude al desconocimiento de los ciudadanos de los beneficios penitenciarios y las condiciones en que se dan.

Patricia Reyes, en el pleno del Congreso que debatió la abolición de la ley, calificó el cambio legal de demagogia y populismo punitivo”.

Refiere que es una forma amable de definir la cadena perpetua, lo que entra en contradicción con los valores de la Constitución. Se abstiene por no concordar con el planteamiento del recurso que ha llevado a cabo el PNV.

  • PNV: El partido nacionalista es el partido que presentó la proposición de ley de derogación en octubre de 2017 en el Congreso y que cuenta con todo el apoyo de la oposición y la abstención de Ciudadanos. Ya lo intentó en la pasada legislatura, pero no prosperó por la mayoría del PP en el Congreso.

En el reciente debate del Congreso el PNV considera que la ley del PP encubre la cadena perpetua, vulnerando la resocialización contenida en el artículo 25 de la Constitución.

Además atenta contra la dignidad de los seres humanos y contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes. Tacha la ley de irresponsable, inconstitucional y desproporcionada. Según Mikel Legarda va en contra del principio de humanización de la pena.

  • ERC: ya registró en 2016, en agosto, 27 medidas parlamentarias entre las que se encontraba la derogación de la prisión permanente revisable. Junto con otros grupos del Congreso, la considera una cadena perpetua, que no responde a necesidades ciudadanas. En el debate del pasado octubre de 2017 los diputados republicanos no acudieron al congreso por los sucesos que ocurrían en Cataluña.
  • Junts per Catalunya: cuando aún era parte de Convergencia i Unió, formó parte de los grupos que registraron en julio de 2015 un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para la ley, estimando que es una cadena perpetua encubierta. En la última votación de octubre del año pasado no participó por los sucesos de la independencia unilateral de Cataluña.
  • IU: en 2015, hizo alusión a la escasa repercusión de esta ley en el caso del terrorismo, afirmando que no se frenaría a los terroristas yihadistas que estuviesen dispuestos a suicidarse al perpetrar un atentado. Hablaba entonces de legislaciones autoritarias con la excusa de la seguridad.
  • EH Bildu: a través de Marian Beitialarrangoitia, pide que se revise el Código Penal, pero con una revisión de mayor calado, para que las leyes no se utilicen con fines políticos para ilegalizar partidos y acusar de sedición. Bildu sostiene que la reforma de 2015, en la que entró en vigor la ley de prisión permanente revisable, es menos garantista que la de 2010.
  • Compromís: El partido nacionalista valenciano, a través de su diputado Enric Bataller, sostiene que la ley es una condena a pudrirse y no resocializarse. Sostiene que la reforma del Código Penal es incoherente, es un texto hipertrofiado y confuso en el que sufren los derechos básicos constitucionales.

También Garzón y la Abogacía en contra de la ley

Personas y colectivos también se han posicionado en contra de la ley:

  • El ex juez Baltasar Garzón también se ha manifestado en contra, porque afirma que una pena alta como existe en España es suficiente. Además porque no se va a compensar el dolor de una persona con la pena que se imponga al delincuente.
  • El Consejo General de de la Abogacía Española, corporación que agrupa a todos los colegios de abogados de España, consideró, tras su implantación en 2015, que la ley de prisión permanente revisable puede ser anticonstitucional, porque la Constitución establece que las penas privativas de libertad se deben orientar a la reeducación y reinserción social, por lo que la ley contradice el artículo 25 de la Constitución.

También contraviene, según la Abogacía, el artículo 15, que repudia cualquier trato inhumano o degradante, y el artículo 10, que defiende la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, y el libre desarrollo de la personalidad.

Los españoles claramente a favor

Sin embargo, ocho de cada diez españoles están a favor de la ley de prisión permanente revisable, según la encuesta del 17 de enero de 2018. Está implantada en varios países de la Unión Europea (Alemania, Italia, Austria, Suiza, Reino Unido, Francia o Bélgica entre ellos), avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y es aplicada por la Corte Penal Internacional. La ley tiene el aval de constitucionalidad del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

La movilización de quienes lloraron el asesinato de sus hijos

Más de millón y medio de firmas lleva recabadas la plataforma change.org en contra de la derogación de la ley. Además, los padres de Diana Quer, los padres de Marta del Castillo, de Mari Luz Cortés, la madre de Ruth y José, asesinados por José Bretón, o la madre de Amaia y Candela (también asesinadas por su padre con una sierra eléctrica) apoyan esta iniciativa y se están públicamente pronunciando para que la ley se lleve a cabo.

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