Pedro Chávarry, magistrado designado para asumir el cargo de Fiscal General del Perú, resultó implicado en una grabación difundida el viernes 13 de julio, donde queda en evidencia su presunta vinculación en el tráfico de influencias.
Según informaron diversos medios internacionales, la conversación reveló la petición de Chávarry de remover a diversos miembros del organismo judicial, descontentos con el proceso gubernamental. La acción trajo como consecuencia la sugerencia de suspensión de Chávarry por parte de la vicepresidenta del Perú, Mercedes Aráoz, alegando que debe procederse a la elección de un fiscal intachable.
Una grabación comprometedora
La grabación implica a Chávarry en una discusión con el exfiscal, Pedro Sánchez, quien se separó del cargo y a quien Chávarry sustituirá, de no quedar inhabilitado para ejercer las funciones correspondientes. Tras este hecho, la Fiscalía General citó a ambos magistrados a una reunión extraordinaria ese mismo viernes, aunque no reveló las razones exactas de la convocatoria. Esta información fue difundida a través de la cuenta oficial en la red social Twitter del organismo público peruano.
En su defensa, Chávarry expresó que la grabación no deja en evidencia que haya cometido ningún acto irregular, por lo que se encuentra en capacidad de asumir las funciones del cargo.
Las acusaciones se intensifican
La grabación, fechada en el mes de febrero, se desarrolló cuando Pedro Chávarry ejercía el cargo de presidente en la Academia de la Magistratura. Posteriormente, se supo en otra serie de audios, que no sería la primera vez que los magistrados del Tribunal Supremo de Perú acordasen la remoción de cargos o la disminución de sentencias, provocando una serie de manifestaciones tras el descontento general.
La primera etapa de la crisis que atraviesa Perú, tuvo lugar tras la renuncia del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, al conocerse una negociación grabada con Kenji Fujimori y el ministro de Transporte y Comunicaciones.
En dicho audio el exmandatario ofrecía contratos de obras públicas a cambio de votos contra su vacancia, y alcanzó su punto fuerte tras la difusión de diversos audios telefónicos que comprometían a demás miembros del Ministerio de Justicia en el tráfico de influencias, como Duberlí Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema y al actual ministro de Justicia, Salvador Heresi.
