Argentina, un país hermoso, naturalmente beneficiado y que supo estar a la vanguardia en Hispanoamérica, desde hace varias décadas sufrió una estrepitosa caída. Como resultado del nefasto asalto a su constitución en 1976, no pudo reponerse y retomar el rumbo que sus especiales características geográficas y humanas hacen presuponer.
Esto tiene una explicación. Uno tras otro, desde la brutal y asesina dictadura que derrocó al gobierno legal y legítimo de la viuda de Juan Perón, hasta el retorno a la “democracia” sólo se trató de una sucesión de grupos organizados de gánsteres a cargo de la administración nacional del país, cada cual calamitosamente superador del anterior, en una alternancia que resultó nefasta para el país en su conjunto.
A través de un sistema de ingeniería financiera que haría sonrojar al mismísimo Maquiavelo, lograron crear un mecanismo de fraude económico a través del endeudamiento externo que hipotecó el futuro nacional.
Hasta el momento del derrocamiento del gobierno constitucional de la Sra. Estela Martínez de Perón, el país estaba endeudado en alrededor de U$S 7.500 millones, cifra insignificante, y de acuerdo a lo planificado, de cancelación futura.
Durante las tres presidencias del fallecido presidente Perón, fue rotundo el rechazo a subordinar al país a las directivas de la usura internacional y su principal representante, el F.M.I.
De tal manera hubo que derrocar, a su gobierno brutalmente ya en 1955, por primera vez, para encerrar a la Argentina en el laberinto sin salida que haría prácticamente imposible cualquier intento de desarrollo.
Durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983), no solamente se cometieron distinto tipo de crímenes sino que muchos de ellos fueron la forma de imponer las tenazas de la citada usura, mediante mecanismos de endeudamiento fraudulento. Obligaron a distintas empresas y organismos estatales a recibir créditos innecesarios, logrando así asfixiar a la Economía.
Cuando se produjo el estallido de la crisis, muchos de los actuales funcionarios, fueron beneficiados con la nacionalización de las deudas de sus empresas privadas. Es conocido el refrán de “estatizar las pérdidas y privatizar las ganancias”. Así la supuesta deuda externa pasó de la cifra mencionada en 1976 a la suma de U$S 45.000 millones.
Con el correr de los años la misma se multiplicó exponencialmente hasta llegar a la actual que ronda los U$S 250.000, impagable.
Hoy, muchos de los funcionarios gubernamentales, fueron los beneficiarios de esa Política económica y esperan ansiosos que incautos inversores traigan sus proyectos.
Los escandalosos “Panamá Papers”, blanqueo de activos en paraísos a través de la fuga de capitales, las falaces maniobras de adjudicación de obras públicas (todos los días se destapan nuevos “affaires”), más la creciente efervescencia social, hacen inviable cualquier perspectiva de inversión extranjera, excepto en lo que tiene que ver con especulación financiera.
Cuando se produzca el nuevo estallido de esta situación, las perspectivas son la entrega de los recursos naturales, con seguridad el verdadero objetivo escondido atrás de tales calamidades.
