Parece que Almeida no se olvidará jamás los primeros días de su gobierno como alcalde de la ciudad de Madrid. Ahora, la Fiscalía ha decidido investigar si hubo algún tipo de delito en la moratoria establecida en las multas en el controvertido Madrid Central. Ya se habría realizado la apertura de diligencias tras la petición realizada por el Defensor del Paciente. Va a investigar si la moratoria habría perjudicado la estado de salud de los ciudadanos de la ciudad durante esos días.
El magistrado ya habría suspendido en un tercer auto la mencionada moratoria de multas dentro de Madrid Central tras aceptar las medidas cautelares presentada por Greenpeace.
El Defensor del Paciente inició todos los trámites para investigar la moratoria
La Fiscalía del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo ha decidido abrir diligencias sobre la eventual cancelación de las multas de Madrid Central gracias a un escrito presentado por la prestigiosa asociación Defensor del Paciente tras hacerse público la aplicación de una moratoria en las sanciones económicas en la polémica zona de bajas emisiones de CO2.
En un escrito realizado por la Fiscalía General del Estado se ha comunicado a Carmen Flores, presidenta de la mencionada asociación, que se les informará, en todo momento, de la decisión que se vaya a adoptar según el resultado de las diligencias que se vayan a practicar.
Se investigará las repercusiones sobre la salud de los ciudadanos en Madrid Central
Según la nota presentada por la Fiscalía, la Unidad dentro del cuerpo de la Guardia Civil adscrita a la mencionada Fiscalía de Medio Ambiente, será la responsable de llevar a cabo el control de los índices de contaminación para seguir adelante con las diligencias. De esta manera, se responde a un escrito presentado por el Defensor del Paciente para realizar una reclamación al Ministerio Público de las consecuencias de la retirada de Madrid Central y las repercusiones que podría conllevar sobre la salud de los miles de ciudadanos que se ven obligados a hacer su día a día en el medio de la gran contaminación que se suele producir en esa zona determinada.
La asociación se basó su petición en el artículo 262 que forma parte de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a cualquier persona que por su cargo, oficio o profesión tuvieran conocimiento de algún tipo de delito público a realizar su denuncia, de manera inmediata, ante el Juez o el Fiscal correspondiente.
Por otro lado, han acusado al nuevo equipo al frente del gobierno de la ciudad de Madrid de no estar dispuesto a seguir las medidas de seguridad establecidas para evitar la conocida como “boina” de contaminación del centro de la capital y, con esta acción, han provocado que los madrileños haya tenido que tragarla sin ningún tipo de remedio.