El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social incluirá nuevamente el servicio de reproducción asistida pública, permitiendo el acceso nuevamente a mujeres solas, o con preferencia sexual hacia su mismo género. Esta opción había permanecido vetada desde 2013, cuando habría sido restringida solo a parejas integradas por un hombre y una Mujer. La información fue confirmada por la Secretaría de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, a través de las redes sociales.
El tratamiento de reproducción asistida sufrió un veto por cuestiones de ahorro, según esgrimió la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato.
La política contemplaba la reproducción asistida con fines terapéuticos, o preventivos para mujeres estériles, excluyendo de la ecuación a aquellas que permanecían solas o que poseían una orientación diferente a la heterosexual.
El LGBT y el veto a la fertilización
La presidenta de la Federación Estatal LGBT, Urge Sangil, declaró que la medida se traduce en un gran avance en pro de los derechos, a la vez que afirma que la restricción iba de la mano con una limitación en el número de ciclos, hasta la edad de 38 años para aumentar las probabilidades de éxito.
Sin embargo, a pesar de que a esa edad el pico de éxito en la fecundación disminuye exponencialmente, las clínicas privadas, hasta el momento las únicas prestadoras de este servicio, ubican la tasa de riesgo en el rango de los 50 años, una tasa mucho más elevada que la propuesta por la sanidad pública.
En una medida aún más alarmante, algunas empresas se limitaban a simplemente no brindar el servicio de reproducción asistida, como es el caso de la Fundación Jiménez Díaz, quienes se negaron a inseminar a una pareja de mujeres. Aunque se esgrime que la causa principal de no ofrecer este servicio es la falta de presupuesto, la incidencia económica no se ha comprobado desde la puesta en marcha de la resolución, durante el transcurso del año 2013.
Una puerta que se abre hacia la igualdad en la fertilización
Distintas comunidades autónomas, como Valencia y Cataluña no aceptaron dar cumplimiento a esta propuesta, amparadas en que se encontraban en territorio autónomo. Los datos proporcionados por la Sociedad Española de Fertilidad estiman que para el año 2015 se realizaron 130 mil ciclos de fecundación in vitro y casi 39 mil inseminaciones.
De este porcentaje 17% eran mujeres sin pareja y solo el 1,8% tenían pareja de su mismo sexo.
La ausencia del veto para 2019 representa no solo el inicio de una solución para una política sanitaria efectiva, sino que además representa un nuevo avance en materia de derechos sociales respecto a la igualdad de género y la libre elección de la maternidad, independientemente del estatus o la orientación de los padres.
