El Consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruíz Escudero, declaró ayer en Onda Madrid cómo el Gobierno les entregó el pasado domingo un cargamento de casi 10 mil test para la detección del Covid-19 (50 mil en total para el resto de España), que no fueron validados. La alarma saltó cuando biólogos comprobaron su fiabilidad con muestras de laboratorio que ya se sabían que estaban infectadas y, después de algunas sospechas, decidieron probar algunos en centros de Urgencias de Madrid. El resultado fue que los test solo tenían un 30% de fiabilidad, cuando el mínimo que se pide es del 80%, por lo tanto eran inservibles.

Pedro Sánchez, presidente de España, aseguró que todos los test rápidos que se habían comprado eran homologados, cuando se ha descubierto que el Gobierno se lo compró a una empresa española, de nombre desconocido y con una supuesta licencia médica de la U.E, la cual, a su vez, se la había adquirido a una compañía china sin licencia; según informaba el diario El País.

Sin embargo, el Gobierno seguía prometiendo que el material era completamente fiable. Pero las pruebas evidenciaban que aquella afirmación era falsa, y el intento del Gobierno de tirar balones fuera culpando a la empresa de origen chino, ha provocado que la Embajada de China en Madrid saliese a dar un comunicado para aclarar que ellos entregaron al Gobierno una lista de empresas chinas, donde podían comprar material sanitario (como los test rápidos), en la cual no se encontraba dicha empresa, que además de no tener licencia, es ilegal.

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha tenido que compadecer hoy y reconocer que estos test eran defectuosos declarando “Hubiera sido mejor no comprarlo, me están diciendo esto.

Pues se ha comprado, reunía las especificaciones, tenía la marca CE, no había ninguna alerta. Dijimos que lo comprobaríamos, hemos dicho que no cumplen los estándares que queremos y exigimos que nos lo cambien”, lo cual es mentira, dado que fue la Comunidad de Madrid quien tuvo que avisar que tales dispositivos eran inútiles, aunque el Ministro asegura, que ya han encontrado nuevos proveedores de test rápidos en China.

Sin embargo, Enrique Ruiz Escudero no tiene mucha confianza en estas palabras del Ministro, ya que calificó el mercado asiático de material sanitario como "un bazar persa".

Illa dijo sobre los test: “Hubiera sido mejor no comprarlos (...). Pues se han comprado, porque reunían las especificaciones (...), no había ninguna alerta".

Los biólogos que descubrieron la estafa de estos test aseguran que, de no haberse comprobado su fiabilidad, podían haber servido para extender el virus todavía más, aumentando el clima de incertidumbre e inseguridad entre la comunidad sanitaria, que ya está al borde del colapso total.

En estos momentos, se está empezando a investigar, si a través de la transfusión de plasma de aquellos pacientes que han logrado curarse del virus puede ser útil para que otros enfermos puedan superar la enfermedad.

Investigan si el plasma de pacientes curados de Covid-19 combate el virus

Al Gobierno, con una credibilidad a la baja y hostigado por una situación de emergencia global, que no ha sabido controlar a tiempo, se le están acabando los días. Tanto es así que Pedro Sánchez ha tenido que poner al frente de las compras del material sanitario a María Jesús Montero, Ministra de Hacienda, la misma que meses atrás pedía que se redujese el gasto en los productos sanitarios y que perdió miles de vacunas en Andalucía.

Al mismo tiempo, varios editoriales de periódicos, como Libertad Digital, se preguntan por qué Illa no ha sido destituido ya como Ministro de Sanidad. Con la situación en la que se encuentra el país, tanto el Gobierno de España como el de Italia han pedido a la U.E una estrategia conjunta de los países de la Unión para combatir el virus y la recesión que se viene encima.

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Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso y que, como dato adicional, ya son diecisiete prisiones desinfectadas a las que les están llegando el material sanitario poco a poco, aunque en algunos casos, funcionarios han denunciado que parte del material está caducado, como ha sido el caso de las cárceles de Granada, Jaén y el psiquiátrico de Sevilla.

En Cataluña, el sindicato ACAI ha solicitado que intervenga el ejército en la desinfección de tres prisiones, donde ya se han dado 5 casos de infecciones. El Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la UME (Unidad Militar de Emergencias) ya está en ello.

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