En 1958 el gobierno de Francisco Franco inauguró uno de los muchos poblados de colonización creados para el Plan Badajoz, a unos 8 kilómetros al este de Badajoz, para dotar de trabajadores agrícolas y medios a las tierras recién convertidas en regadío próximas al río Guadiana. El pueblo fue fundado con el nombre de Villafranco del Guadiana.
Pocos se imaginaban que 60 años después el nombre del pueblo sería objeto de trifulcas políticas, hasta el punto de que sería “castigado” a no recibir subvenciones en caso de mantener su nombre, cuyo “Villafranco” alude al apellido del dictador.
La Diputación de Badajoz exige la devolución de las subvenciones
La Diputación de Badajoz aprobó en 2017 para la pedanía —dependiente del ayuntamiento de Badajoz— una cantidad de 90.960 euros según el Plan Dinamiza para poblaciones menores a 20.000 habitantes. En el caso de Villafranco del Guadiana se gastaron para unas obras de urbanización. Ahora la Diputación exige la devolución de los fondos, ya que se incumplió la condición de eliminar los vestigios franquistas, que en este caso consiste en el mismo nombre del pueblo, que es el que siempre tuvo desde sus orígenes.
Otro tanto sucede con otro pueblo de colonización pacense, Guadiana del Caudillo, que recibió de Diputación por el citado Plan Dinamiza una cantidad de 141.279 euros, la cual debe devolver al incumplir las condiciones de la administración provincial en materia de Memoria Histórica.
En este caso se trata de la palabra “Caudillo” la que incumple las condiciones.
Trasfondo político
Se da la circunstancia de que el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, pertenece al PSOE, mientras que el alcalde de Badajoz, a la que pertenece Villafranco del Guadiana, es del PP.
En el caso de Guadiana del Caudillo, esta población se independizó de Badajoz en el año 2012, teniendo desde entonces alcalde propio. El alcalde del PP, Antonio Pozo, se pasó a VOX tras la controversia de las subvenciones, por el escaso apoyo que dice obtuvo de su partido anterior. Para independizarse, la Junta de Extremadura, entonces bajo gobierno socialista, exigió el cambio de nombre, pero tras las autonómicas de 2012 en que el gobierno autonómico pasó a manos de una coalición entre PP e Izquierda Unida, se pudo realizar esta independencia con el nombre que siempre tuvo.
Consulta popular y batalla jurídica
Sin embargo, ahora peligran las subvenciones concedidas por que los pueblos no están dispuestos a retirar los nombres que siempre tuvieron. De hecho, en 2012 se realizó una consulta popular en Guadiana del Caudillo en la que más de la mitad de la población votó por conservar el nombre. La decisión municipal además fue respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con una sentencia que recordaba que “no es posible la incoación de un expediente de cambio de nombre por ausencia del requisito previo de aprobación por el pleno con el voto favorable de las dos terceras partes”.
La Diputación de Badajoz se ha visto respaldada en el litigio contra las poblaciones mencionadas por el abogado Eduardo Ranz, abogado experto en Leyes de Memoria Histórica, y ahora asesor del Ministerio de Justicia, al que Guadiana del Caudillo también ganó un contencioso en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Badajoz, por el que la población no se veía obligada a cambiar su nombre.