Los mayores han perdido el miedo a la calle. Ya no necesitan de nadie que les preste voz. Ellos solos se bastan y se sobran para clamar en las calles por sus derechos. Otra cosa es que partidos y sindicatos se hayan ido sumando a la llamada “marea gris” para sacar tajada política o ideológica.

Hasta ahí la teoría. La realidad es que si nos retrotraemos a finales de este pasado mes de enero, ya en Málaga se sucedieron varias protestas de pensionistas, convocados por WhatsApp y el boca a boca.

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Se conoció que detrás estaba un tal José Coy, nada que ver con un jubilado, vinculado a Podemos, que estuvo en la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, y en las Marchas por la Dignidad.

Podemos está organizando las manifestaciones

De hecho, se ha sabido que miembros ligados a las Mareas y Podemos son los jefes de la Coordinadora en Defensa de las pensiones, como Victoria Portas o Leopoldo Pelayo.

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Esta Coordinadora ha sido la organizadora de las Manifestaciones por ciudades de toda España, con la ayuda en algunos casos de sindicatos.

A la de Madrid del jueves 1 de marzo, se sumaron ya los sindicatos CCOO, UGT, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y la Plataforma Mayores en Acción. Los sindicatos exigían financiación del Estado a la Seguridad Social y acabar con los empleos precarios que han generado un agujero en la Seguridad Social de 18.000 millones de euros.

Los sindicatos evitan reconocer la tendencia de las cotizaciones. El cierre del año pasado supuso un déficit menor que el de 2016, unos 400 millones menos, sobre unos 17.300 millones. Las cotizaciones han subido por encima del PIB y de las afiliaciones, cosa que no ocurría desde 2007. Esto quiere decir que se ha creado empleo con mayores salarios. En Noviembre de 2017 se registró un balance anual de ingresos de 99.000 millones de euros, 5.000 millones más que el mismo periodo del año anterior.

El incremento de las cotizaciones ha sido en 2017 de un 5,4%. Por encima del incremento del PIB del 4,3%, y del incremento de las afiliaciones, del 3,6%. Más cotizantes, pero también mejores salarios.

¿Dónde está entonces la alarma?

Pues la alarma está justificada. En principio por el enorme déficit arrastrado. Pero también por la estructura de la población, que envejece, vive más años después de la jubilación, y los pensionistas que entran en el sistema, de media, perciben mayores pensiones que las que percibían los que van falleciendo.

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Los ajustes de los que se habla pueden ligeramente mejorar los datos, pero el problema de base va a estar presente ad eternum, si no se cambian las reglas.

Entre esos ajustes está el de sustituir por un sistema mixto de capitalización y reparto, en el que las cotizaciones sean invertidas por el Estado para que en el momento de la jubilación sea el propio cotizante quien las perciba con la capitalización obtenida, el sistema de cuentas nocional, o (el más temido por muchos, ya que supone aceptar que el sistema es incapaz por sí solo de cubrir la demanda) un sistema mixto público-privado en el que se garantice la dignidad de las pensiones mínimas, y se obligue a un ahorro individual para incrementar la pensión.

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El sistema nocional es un sistema que se aplica en Suecia, y es, como el que tenemos, de reparto: los cotizantes en activo financian las pensiones de los Jubilados que existan en ese momento. Pero es un sistema individual (y por tanto menos solidario) ya que se asigna virtualmente las cotizaciones a una caja propia, con un rendimiento neto acumulado. No sabemos lo que nos corresponderá, porque habrá un factor de conversión según la coyuntura, pero sí qué parte del reparto nos corresponde. No se garantiza tampoco la sostenibilidad del sistema.

El Fondo de reserva, en las últimas

Ni que decir tiene que los mecanismos de supervivencia para casos de necesidad, como el Fondo de Reserva o “hucha de las pensiones”, han sido vaciados implacablemente. De 66.815 millones de euros que había en 2011, se ha pasado a los 8.905 millones que quedaban tras el ejercicio de 2017. Para no agotar este Fondo, se pidió un crédito de 10.192 millones en verano de 2017.

Es decir, nos hemos comido el superávit y vamos “parcheando” como podemos.

¿Qué propone el Gobierno?

El Gobierno propone salir del atolladero con propuestas trampa. Las exenciones fiscales del IRPF para los pensionistas mayores de 65 años, ya se aplica en un 63% de los casos, que tienen pensiones por debajo de 12.000 euros. Beneficiaría por tanto sólo a las rentas más altas.

En cuanto a la armonización de las pensiones con el incremento de la economía, en lugar de con el IPC —el ministro Montoro dice que este último criterio “es anticuado”— estará muy bien desde un punto de vista técnico, pero olvida la principal reivindicación del pensionista: no resuelve su pérdida de poder adquisitivo. Aprovechando la buena marcha de la economía, la propuesta de Montoro supondría mantener el statu quo: Desde 2010 el pensionista ha perdido 3,65 puntos de poder adquisitivo (diferencia entre lo que se ingresa y las subidas del IPC) para pensiones por debajo de 1.000 euros. Y 4,65 puntos para las mayores de 1.000 euros.

¿Y la oposición?

Pedro Sánchez, del PSOE, apuesta por subir las pensiones según el IPC. Es curioso observar la defensa estricta del criterio inflacionista en Sánchez, quien votó a favor de la congelación de las pensiones en 2010, durante el gobierno de Rodríguez Zapatero. Cosas de la política.

El modelo que defiende ahora el PSOE supondría añadir un gasto de 1.750 millones de euros. El coste de las pensiones ya se ha incrementado de 5.675 millones de euros en 2010 a 8.925 millones en 2017. Añadir más gasto parece impensable. Para compensar este sobrecoste la idea es gravar con un impuesto a la banca y a las transacciones financieras. El problema es que, según los especialistas, este impuesto, tal como está planteado, no compensa el sobrecoste, y además, genera problemas que repercuten en la ciudadanía, mayores cargas fiscales y obstáculos para el crecimiento.

El impuesto bancario hundiría el sistema financiero

Así lo entiende Ciudadanos. El partido de corte liberal de Albert Rivera entiende que una subida de impuestos bancarios supondría un hundimiento del sistema financiero. Para los ciudadanos supondría un incremento de comisiones y otros gastos en transacciones. Se correría el riesgo de fuga de capitales de España (esto ya ocurrió en Suecia cuando se implantó un impuesto a la banca), y los bancos tardarían más tiempo en recuperarse de la recesión. Los bancos absorbieron las pérdidas de las empresas con los créditos impagados, llegando a pérdidas de 170.000 millones de euros hasta 2013. Esto supuso para el Estado prescindir de 51.000 millones de euros (los bancos tributan el Impuesto de Sociedades al 30%). Muestras de la debilidad aún del sector bancario es la reciente venta de un 7% de Bankia con pérdidas de 300 millones de euros, o la compra del Banco Popular por el Santander por la simbólica cantidad de un euro.

Ciudadanos, sabiéndose pieza fuerte en todos los pactos, condiciona su apoyo a la subida de las pensiones según el IPC con reforma laboral y aprobación de los presupuestos. Ayudas a la natalidad y reformas laborales contra la precariedad “para garantizar pensiones futuras, de las que nadie habla”, dice Rivera. Juega a dos bandas: presupuestos para el PP y pensiones según IPC para el PSOE (en cambio ataca duramente los impuestos bancarios).

Podemos y los mayores

Podemos también se decanta por una subida acorde al IPC. Pero además, que los miembros que hayan cotizado 35 años se puedan jubilar con 61 años, poder elegir entre los mejores 240 meses —sin tener que ser consecutivos— la base reguladora del cotizante, y que se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado las pensiones cuando no alcancen las cotizaciones sociales. Más madera. Rechaza, eso sí, tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas.

¿De dónde sacaría el incremento? Pues incrementaría un 60% el Salario Mínimo Interprofesional, con lo que vía cotizaciones —dicen— se añadirían 3.500 millones de euros más al sistema público de las pensiones. La carga a empresas y empleadores, en este caso, que también tienen lo suyo.

Defensa de los mayores por parte de Podemos. En pensiones, pero no en voto. “Lo de los abuelos nos desespera”, dijo Iglesias, en referencia al escaso voto que les otorgaba la población de más edad a los morados. Carolina Bescansa también afirmaba que si sólo votase la población menor de 45 años, Pablo Iglesias sería presidente del Gobierno.

Lo que dicen los especialistas

Complicado parece el debate de las pensiones. Algunos especialistas también dan sus recetas: a las empresas les exigen mayor productividad, estancada durante 20 años, algo que implica una educación bien encaminada, una gestión eficiente y una adecuada regulación. Como sistema, se decantan por el nocional, por ser más transparente. Hacen una llamada a todos a la solidaridad: en una sociedad que tiende a envejecer rápidamente, y donde se entra más tarde en el mercado laboral, sería bueno aumentar la edad de jubilación. Exigen al ciudadano mayor educación financiera para conocer en toda su extensión el problema de las pensiones, y evitar postulados demagógicos. Reconocen la necesidad de complementar las pensiones públicas con el ahorro, planes de pensiones privadas, y planes de empleo de empresa, en sintonía con los restantes países de Europa. Y sobre todo, y por lo que acabamos de ver: unidad política para afrontar decisiones importantes, en lugar de la oposición por sistema.

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