En los últimos días se han venido produciendo numerosas manifestaciones en las que los jubilados se han movilizado pidiendo unas pensiones más dignas, criticando un aumento del 0,25% y reclamando una revalorización de las mismas.
Análisis | ¿Cómo revalorizar las pensiones?; por Raymond Torres https://t.co/YqTl2KrRNK vía @elpais_economia
— BBVA Mi Jubilación (@bbvajubilacion) 27 de febrero de 2018
Es en la Ley 23/2013 de reforma de las pensiones en la que se prevé este aumento del 25% en caso de déficit de las pensiones. Actualmente este déficit viene acumulándose en la Seguridad Social durante 7 años.
El fondo de reserva cuenta con aproximadamente unos 8.000 millones de euros frente a los 66.815 que tenía al cierre del 2011, y el ejecutivo ha tenido que pedir créditos para poder pagar las pensiones. El FMI alerta de que, según sus estimaciones, de seguir este aumento del 0,25% los nuevos jubilados podrían llegar a perder hasta un 30% de su poder adquisitivo.
Esta ley también dispone la inclusión de un factor de sostenibilidad, que sería aplicable a partir del 2019, y que supondría una reducción de las pensiones de un 0,4% cada año.
Ante las movilizaciones masivas de protesta y el descontento general, Hacienda propone una rebaja fiscal en el IRPF para las personas mayores de 65 años. Esta medida se sumaría a las que pactaron el Gobierno y Ciudadanos - rebajas IRPF, entre las que se incluían la rebaja del IRPF para salarios brutos inferiores a 18.000 euros anuales El ministro Montoro considera que esta medida mejoraría el nivel adquisitivo de las personas mayores, que al llegar a una edad muy avanzada tienen mayores gastos por “inherentes causas de discapacidad”.
Análisis del problema y nuevas fórmulas propuestas por los expertos
El problema radica en la insostenibilidad del actual modelo de pensiones, que pondría en peligro el poder garantizar una pensión digna y el estado del bienestar. Se ha producido un aumento gradual del gasto total en pensiones, que en el 2017 fue de 123.000 millones de euros, un 3% más que en el 2016.
Frente a esta situación, los expertos exponen varias alternativas:
1.- Un sistema mixto de capitalización y reparto.
Actualmente existe un sistema de reparto inter-generacional, es decir, los trabajadores que cotizan pagan las pensiones de los jubilados, la generación anterior paga las prestaciones de la siguiente. Pero debido al aumento de la esperanza de vida, que se estima que pueda llegar a más de 100 años y a la disminución del número de cotizantes a la Seguridad Social, nos encontramos con el bucle de insostenibilidad antes mencionado, debido a la imposibilidad de que un menor número de cotizantes paguen las pensiones de un mayor número de pensionistas.
Frente a esto, El sistema mixto propone que las cotizaciones que se ingresen sean invertidas por el Estado, y en el momento de jubilación, cada cotizante las retire con la capitalización correspondiente.
Para garantizar la transparencia de este modelo se requeriría de una revisión y un control permanentes por parte de instituciones independientes.
2.- El sistema de cuentas nocionales.
Es un sistema que se utiliza en países nórdicos como Suecia, Letonia y Polonia. Se mantiene el sistema de reparto entre generaciones, pero en este caso para el cálculo de la pensión se tienen en cuenta todas las cotizaciones aportadas a lo largo de la vida laboral, no solo las de los últimos 20 años. Cuando llega el momento de la jubilación, se aplican unos factores de conversión que tienen en cuenta la esperanza de vida y la reducción por jubilación anticipada, y en base a esto se obtiene la cuantía que se va a cobrar por jubilación.
Algunos expertos consideran que sería un sistema más justo y equitativo porque se tienen el cuenta la totalidad de las cotizaciones en la vida de una persona. Otros, señalan que no garantiza la sostenibilidad, y que puede ir en menoscabo de la solidaridad, ya que al centrarse en las aportaciones individuales, a los trabajadores que cobran salarios más bajos les corresponderían unas pensiones muy bajas.
3.- Una tercera opción consiste en complementar el sistema público y el privado, bajo la premisa de que el público debe garantizar una pensión mínima digna. Se habla de la necesidad de una educación financiera que conciencie en la necesidad del ahorro individual para que sea invertido en planes de pensiones privados.
