Algunos jueces y fiscales presionaron a La Moncloa para que finalmente asumiera la defensa del juez Pablo Llarena luego de que fuera demandado por el ex-president Carles Puigdemont. Al respecto el Gobierno anunció que asumiría dicha defensa por medio de un bufete belga, a pesar de que inicialmente había indicado que no era un asunto de su competencia.

Llarena deberá comparecer el próximo 4 de septiembre ante un Tribunal en Bélgica para rendir declaraciones y ejercer su derecho a la defensa en contra de la demanda interpuesta. Asimismo, ha indicado a la prensa haber recibido el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez desde el principio, lo cual contradice lo manifestado por los grupos de jueces y fiscales.

La posición del Gobierno de Sánchez con respecto al caso

El Ejecutivo no quería asumir la defensa del juez Llarena alegando que esto era una situación que le correspondía al poder judicial y que además se trataba de actos privados por parte del juez. No obstante, partidos de la oposición, así como jueces y fiscales lograron que el Gobierno asumiera la representación del juez y así fue manifestado mediante un comunicado este domingo, en el cual se especificó la intención del Ejecutivo de que el caso se resuelva en el menor tiempo posible.

La Moncloa defendió su posición al respecto, dando claridad en cuanto a la postura del Gobierno con relación al caso. Se indicó que se estaban realizando los trámites para la contratación del bufete desde hace algunos días.

Y en la reunión sostenida con los ministros este fin de semana se concretó algunos aspectos, dando así respuesta definitiva a las exigencias de la asociación de jueces y fiscales españoles.

La demanda en contra del juez Llarena

Los cargos que se le imputan al juez devienen de una declaración dada en una conferencia acerca de las razones de no hablar sobre los presos políticos en España.

Es una demanda con un gran contenido político, en la cual se duda de la imparcialidad que debe tener el magistrado.

El caso del juez Llarena llamó la atención del gremio de jueces y fiscales del país quienes habían señalado al Gobierno de Sánchez por su inicial negativa de participación, ya que lo que está en juego en dicha demanda es la independencia del poder judicial.

Así lo consideran algunos expertos en Derecho Constitucional.

Al respecto cabe citar a uno de los profesores de la Universidad de Barcelona, Xavier Arbós, quien en su tesis de derecho constitucional indicó que el Estado tiene la obligación de defender los asuntos sometidos a su jurisdicción y debe cubrir con los gastos que se generen por el caso Llarena, no sin antes revisar algunos aspectos procesales.

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