En una primera entrega hicimos una breve introducción sobre la famosa Lista OFAC o Lista Clinton, que como todos sabemos es un tipo de argumento que utiliza el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para señalar a miembros de un gobierno, sin ningún tipo de pruebas oficiales o tangibles, pero como ellos se sienten los dueños y policías del mundo, pues hacen lo que les place o mejor les parece, en este caso utilizan la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC) en inglés), oficina esta que está bajo la supervisión directa del Departamento del Tesoro Norteamericano.

En esta oportunidad traemos de nuevo al tapete el tema, aprovechando que la administración del Presidente Donald Trump acaba de incluir en tan famosa lista a un grupo de funcionarios Jueces y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, bajo los argumentos de que violentaron el orden constitucional con unos decretos emitidos en días pasados donde le suprimían las competencias a la Asamblea Nacional, muy a pesar de que días después revirtieron dichos decretos.

Tal y como lo hemos señalado en el escrito anterior, este tipo de argucia jurídica aplicada por el gobierno norteamericano hace presumir que se sigue preparando y argumentando el denominado Expediente Venezuela, con el firme propósito de presentar ante la comunidad internacional al país suramericano como un gobierno forajido, ue incumple las leyes internacionales y por ende debe ser sancionado y castigado con todo el peso de la ley.

Además de los jueces recién incluidos en la lista OFAC, en meses anteriores se han incluido a Empresarios, Militares de alto rango, Gobernadores, Diputados, Ministros, Jefes de Despachos, Fiscales del Ministerio Publico, entre otros, todos vinculados al gobierno bolivariano.

Los motivos por los cuales estos funcionarios han sido incluidos en mencionada lista obedecen a acusaciones por violación de Derechos Humanos; vinculación con el Narcotráfico, Lavado de Dinero, Financiamiento, entre otras acusaciones, que como todos sabemos no son visibles estas pruebas, puesto que la extraña justicia gringa solo permite el acceso a los expedientes de los presuntos acusados, sólo si ellos o sus representantes legales acuden de manera personal a revisar los mismos antes sus órganos judiciales y/o administrativos.

Es importante destacar que muy a pesar de que personas vinculadas a sectores opositores en Venezuela, que bien es sabido que han generado una ola de violencia, han cometido asesinatos de ciudadanos y además violan los Derechos Humanos de los otros conciudadanos, curiosamente no son ni acusados ni señalados de cometer este tipo de delitos, que para nadie es un secreto su vinculación directa con estos hechos.

También es oportuno hacer del conocimiento el silencio cómplice de las mismas Organizaciones No Gubernamentales que acusan al gobierno venezolano de tantos delitos y coadyuvan con sus denuncias a engrosar el Expediente Venezuela, de no decir nada sobre las violaciones cometidas por dirigentes políticos de la oposición venezolana, que de igual manera cumplen funciones de gobierno regionales y locales, pudiera ser una de sus razones el perder el jugoso financiamiento en dólares que percibe de las agencias gringas a través de sus ya famosas fachadas.

Con la balanza de la justicia inclinada hacia un solo lado, el gobierno del Presidente Trump queda muy mal parado ante la opinión pública internacional y da mayor certeza a las acusaciones del Presidente Nicolás Maduro y Hugo Chávez en su momento, de que el gobierno yanqui conspira para derrocar a la Revolución Bolivariana, por considerarla una amenaza inusual.

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