Han transcurridos varios años, específicamente, desde la llegada a la presidencia de la república del Comandante Hugo Chávez que el gobierno norteamericano, a través de sus agencias de seguridad, ha venido compilando una serie de argumentos, algunas veces inventados, para justificar su arremetida contra el gobierno venezolano, con el firme propósito de “poner” sus tentáculos en las riquezas minerales y naturales del país latinoamericano.
Y para ello han ideado todo tipo de ardides para justificar su injerencia en la patria de Simón Bolívar, pues los gobernantes estadounidenses son muy visionarios, en lo que se refiere a cosas que le interesen y si hay riquezas más interés le ponen, y es por ello que crearon una normativa denominada la lista Clinton, que es una especie de listado de personas e instituciones, que publica cada cierto tiempo por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (en inglés: Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y fue creada en octubre de 1995, a través de la Orden Ejecutiva número 12978, emitida por el entonces presidente Bill Clinton como parte de una serie de medidas para combatir el narcotráfico y otros delitos.
Cuando te ingresan en la lista OFAC, los individuos y las empresas se exponen a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, y esto no es más que el congelamiento de cuentas bancarias y confiscación de bienes así como la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar transacciones comerciales y financieras con los mencionados en las listas.
Asimismo, debes pagar multas hasta de un millón de dólares y eres condenado a prisión hasta por diez años adicional a otras multas de diez millones de dólares, y dependiendo de la jerarquía o cargo de la persona, las penas privativas de libertad y multas, aumentan.
Con este tipo de argucias, el gobierno norteamericano ha venido presionando en los últimos años a altos dirigentes de la Revolución Bolivariana, como medida de presión para generar un desgaste en sus cuadros políticos y crear una matriz de opinión en contra de los dirigentes chavistas y así debilitar el apoyo popular acumulado durante las últimas décadas, gracias al carisma y liderazgo del fallecido Comandante Hugo Chávez Frías.
Una particularidad muy significativa de la justicia norteamericana es que los expedientes que han fabricado las agencias de seguridad del país norteño es que nadie tiene acceso a los expedientes, salvo los mismos acusados, como una especie de trampa caza bobo, lo que le resta credibilidad a los argumentos esgrimidos por los funcionarios del gobierno yanqui.
Solo colocan en páginas oficiales de sus agencias, esquemas y archivos descargables, donde solo se puede observar que están siendo objeto de investigación por el gobierno norteamericano y solo se observa sus nombres y apellidos, alias, cargos que ocupan, presunta vinculación con terroristas o narcotraficantes, entre otros, lo cual no es un argumento valedero desde el punto de vista jurídico para acusar a nadie y esto se hace ver como un falso positivo creado para desvirtuar el verdadero fin.
Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica es muy paciente, y sabe esperar el momento oportuno para accionar, por lo que en la actualidad existen suficientes indicios que hacen suponer que se está engrosando cada día más el Expediente Venezuela, el cual es alimentado con denuncias poco confiables y sin asideros lógicos y legales, consignados ante ese gobierno por parte de dirigentes opositores al Chavismo, así como Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que casualmente son financiadas por el mismo gobierno gringo, a través de fachadas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), lo que hace ver ante un mundo totalmente globalizado, que son expertos en fabricar expedientes inventados o sin base.
Mientras tanto, en esa famosa lista son incluidos funcionarios muy nobles y de una trayectoria impecable, que en realidad no tienen nada que ver con las falsas acusaciones de las cuales son objeto, sin embargo y en honor a la verdad puede ser que en la misma lista existan algunos individuos que si pudieran tener algún tipo de vinculación con las acusaciones que les imputan, pero todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.