Existe un organismo encargado del control de la financiación de los diferentes partidos políticos, y de la comprobación de la transparencia de sus gestiones económicas, es el llamado Tribunal de Cuentas. Se trata de un Órgano Colegiado de doble naturaleza fiscal y judicial, que juzga y hace ejecutar lo juzgado a todos aquellos que se encarguen de manejar fondos de origen público.

Anualmente tiene que emitir un informe sobre las fiscalizaciones de los diferentes partidos en función a lo que ordena la Ley orgánica 8/2007, señalando todas las irregularidades e incidencias que detecte y lo presenta ante el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, pese a toda esta apariencia de transparencia hemos de tener en cuenta que los 11 consejeros del Tribunal son del PP (6) y del PSOE (5) y se renuevan tan solo cada 9 años. También que está prohibido que las empresas hagan donaciones a los partidos, pero no así a las fundaciones ligadas a ellos y que aunque las donaciones anónimas estén prohibidas, el Tribunal de Cuentas es el único que conoce la identidad de quien las hace, ya que esa información o transciende nunca al conocimiento público.

La paradoja está pues en que son los propios partidos políticos los que tienen el control sobre las fuentes de su financiación y su transparencia.

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