En octubre del año pasado el Parlamento aprobó la Ley Integral para personas Trans (conocida como "Ley Trans") un instrumento jurídico que busca hacer efectivo el cumplimiento de ciertos derechos, como el acceso a la salud, a tratamientos hormonales, a elegir su identidad, a tener acceso a un porcentaje de trabajos en el Estado (el 1 por ciento) y participar en programas de capacitación laboral. Todo esto para un sector de la población que ha sido históricamente vulnerado en el ejercicio de sus derechos, estigmatizado, ridiculizado y violentado.
La expectativa de vida de una persona trans en Uruguay no pasa de los 40 años, cuando la media general anda por los 74-75 años.
Tal vez el artículo más polémico sea el 10, que establece un régimen reparatorio para aquellas personas trans, nacidas con anterioridad a 1976, que por su condición de tales hayan sido víctimas de abusos por parte del Estado. Pero no es algo que vaya a cambiar las cuentas del Estado: son muy pocas personas (entre otras razones por la corta expectativa de vida) que percibirían una cifra inferior a un salario mínimo mensual.
Uruguay, un país que siempre ha destacado por luchar por los derechos sociales
En el contexto de Latinoamérica, Uruguay en general siempre ha sido un país de avanzada en materia de políticas y legislación social.
Hay una tradición garantista en el país, que se inicia –a grandes rasgos- en la segunda presidencia de José Batlle y Ordoñez (Partido Colorado) quien inspirado en cosas que vio en Suiza, y por los movimientos obreros, resolvió construir un país de avanzada una vez regresó.
Esto llevó a que a principios del siglo XX, Uruguay contara con divorcio legal, reconocimiento a los hijos “naturales”, leyes laborales que amparaban a los trabajadores (ley de 8 horas, seguridad social, despidos, prohibición del trabajo infantil, reglamentación del trabajo femenino) e incluso, reforma de la Constitución.
Fue el segundo país del continente, después de Canadá, en reconocer el derecho al voto de las mujeres. Inclusive, se convirtió en el único país oficialmente laico de la región. No solo es el único que no reconoce religión oficial, sino que la “Semana Santa” se conoce como Semana de Turismo. La Navidad oficialmente se denomina Fiesta de la Familia.
Con la llegada del Frente Amplio, casi 100 años después del gobierno de Batlle y Ordoñez, se aprobó la ley de 8 horas para los trabajadores rurales y las empleadas domésticas, dos grupos de trabajadores que habían sido históricamente postergados de la legislación laboral, y también se aprobó la Ley de Uniones Concubinarias. En el segundo gobierno, con José “Pepe” Mujica como Presidente, el impulso fue mayor. Se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (que fue nuevamente presentada) se aprobó el Matrimonio Igualitario, y la Ley de Regulación de Comercialización y Autocultivo del Cannabis
Los sectores religiosos buscan derogar la 'Ley Trans'
No obstante, pese a esta centenaria tradición de innovación en materia de políticas sociales, también están aquellos sectores y personas que se oponen a las mismas.
En el caso de la Ley Trans, desde antes de su aprobación existían voces críticas, argumentando, entre otras cosas, que viola el principio de igualdad ante la ley, consagrada en la Constitución. De esta forma se conformó un grupo, liderado por legisladores del Partido Nacional (o Blanco) vinculados a movimientos religiosos (evangélicos y católicos) en una dinámica novedosa, e inesperada, en el Uruguay tradicionalmente laico.
Los argumentos por los que se oponen, además de esa supuesta violación a la declaración constitucional de la igualdad ante la ley, pasan por tópicos similares a los usados en Uruguay y todo país donde se haya aprobado el matrimonio igualitario.
Como sea, 70.000 personas firmaron para habilitar una instancia consultiva, que se realizará al próximo domingo 4 de agosto, respecto a la voluntad de mantener o no esta ley.
Es una elección no obligatoria, y se precisa que unas 650.000 voten para, en ese caso, aprobar un referéndum que mantenga o derogue esta norma.
No es la primera vez que se interpone un recurso de este tipo contra una ley así. En 2013, diferentes organizaciones sociales y políticas, entre ellas la Iglesia Católica, promovieron un pre-referéndum contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, iniciativa que fracasó rotundamente al conseguir tan solo un 10% del total de ciudadanos habilitados.
Si bien ahora las encuestas coinciden en señalar que no se alcanzaría la cantidad de votos necesarios, e incluso hay diferencias dentro de la Iglesia Católica. El arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, si bien no la comparte, expresó que no irá a votar porque la ley “ampara a un pequeño grupo de personas que han sido discriminadas”. En caso de no alcanzar la cantidad de votos necesarios, la ley quedará firme.
