Recién ha comenzado el año y el primer reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo del Perú ha revelado cifras que ponen en duda la declaración del 2018 como el “Año del Diálogo y de la Reconciliación Nacional” por parte del Gobierno.
De acuerdo al reporte N° 167 de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo en el Perú, existen 176 conflictos sociales, de los cuales 122 son de carácter socioambiental, es decir, un 69.3% del total, según información actualizada de enero del 2018.
Según el documento citado, un conflicto social es un proceso complejo donde el Estado, la sociedad y la empresa privada tienen “intereses contradictorios”. En caso el conflicto sea de carácter ambiental, su dinámica se basa en el control, uso o acceso al ambiente y sus recursos naturales.
El resto de tipos conflictos sociales que se registran en el reporte de la Defensoría del Pueblo son de los siguientes tipos: asuntos de Gobierno local (18), asuntos de Gobierno nacional (14), comunal (8), demarcación territorial (4), laboral (4), asuntos de Gobierno regional (3), otros asuntos (3).
“Lo que se observa a partir de estas cifras es que los conflictos socioambientales persisten en altos índices. En los últimos años siempre mantienen una tendencia entre el 60% y el 70%”, detalla para Blasting News España, Alicia Abanto, responsable de la Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo de Perú.
Además, agrega Abanto, que la presencia alta de los conflictos socioambientales en el Perú explica por qué diversas instituciones del Estado peruano han creado diferentes oficinas para la gestión de conflictos socioambientales. “Así sucede con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional de Agua (ANA), entre otros.
Ninguna institución puede estar ajena a este panorama”.
¿Por qué existen tantos conflictos socioambientales?
Miguel Lévano, Oficial del Programa de Derechos Territoriales e Industrias Extractivas de Oxfam Perú, explica a Blasting News Perú que a diferencia de otros conflictos sociales que se pueden presentar, como los laborales, los conflictos socioambientales son originados por políticas de Estado que no consideran la voluntad de las comunidades indígenas o campesinas.
“Para un conflicto laboral o de otra índole estamos hablando de un escenario micro, que obedece a una lista de reclamos por derechos en una situación particular. Pero cuando es socioambiental, la vulneración de derechos proviene de arriba, es el propio Estado que oficializa una forma de actuar mediante leyes o decretos. En este caso es la política extractivista de recursos naturales sin considerar lo que piensen las comunidades”, precisa Lévano de Oxfam Perú.
Entre las actividades productivas que relacionan con la generación de conflictos socioambientales tenemos como líder a la minería (65.6%), luego continúa el sector hidrocarburos (13.1%), energía (7.4%), otros (5.7%), residuos y saneamiento (4.1%), agroindustriales (2.5%) y forestales (1.6%).
¿Por qué no se pueden solucionar este tipo de conflictos?
Si comparamos las cifras del reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo del 2017 con la 2018, se registra una disminución de los conflictos de manera considerable: 214 conflictos sociales en enero del 2017 a 176 en enero del 2018. Pero, ¿por qué aún los conflictos socioambientales se mantienen como primeros en la lista general?
“Debemos percatarnos que la mayoría de conflictos sociales que se solucionan no son de carácter socioambiental, los cuales son bastante complejos ya que involucran al Gobierno central. Lamentablemente el Gobierno actúa cuando ya se generaron medidas violentas como el bloqueo de carreteras”, sostiene Lévano de Oxfam Perú.
Incluso, Lévano llama la atención de que muchas veces no es el Estado el que soluciona los conflictos socioambientales, sino que la propia empresa privada, preocupada por la posible pérdida de su inversión, es la que promueve el diálogo. “Las soluciones podrían ser varias: incremento del número de mano de obra local para el proyecto extractivo, compran productos nativos para dinamizar la economía local, entre otras”, precisó.
¿Cuáles son los nuevos conflictos socioambientales?
Entre los nuevos conflictos socioambientales que se han presentado en enero de 2018 encontramos a la población del distrito de Pampas, en la provincia de Pallasca, en la región de Áncash, que se encuentran disconformes con la Minera Tungsteno Málaga del Perú S.A.
por el incumplimiento de compromisos como la construcción de obras en el local institucional y algunas deudas económicas que les deben por haber cedido su territorio a la compañía minera.
Otro conflicto se encuentra en el distrito de Ayo, en la provincia de Castilla, en la región de Arequipa, donde parte de la población está en contra de la ejecución del Proyecto de Hidroeléctrica Laguna Azul porque consideran afectará el ambiente de la laguna Mamacocha.
En el distrito de Huaylillas, provincia de Pataz, región de La Libertad, los jueces de paz y el alcalde distrital demandan a la Compañía Minera Caravelli S.A.C. por la aparente Contaminación de agua para consumo humano, de regadíos locales y la reposición del agua de un manantial llamado Mineracra.
“También hay otro conflicto que recién ha sido incluido en el reporte de la Defensoría del Pueblo. Se le ha categorizado como comunal, pero en realidad es socioambiental. Hablamos del Área de Conservación Privada Chaparrí, en la región de Lambayeque, donde el tráfico de tierra ha originado deforestación y enfrentamiento entre comuneros”, recuerda Alicia Abanto de la Defensoría del Pueblo. El conflicto de Chaparrí originó la pérdida de más de 1000 hectáreas de bosques locales.
Abanto señala que el objetivo de la publicación de este tipo de reportes de conflictos socioambientales es que el Estado tenga insumos para que se pueda administrar mejor los recursos naturales con la conservación ambiental.
“El Estado debe respetar la consulta previa de los pueblos, no debe intentar solucionar un conflicto con estados de emergencia o el ingreso de las fuerzas policiales. Se necesita diálogo y compromiso”, advierte Miguel Lévano de Oxfam Perú.
