Las autoridades españolas deberán resarcir económicamente a una familia a cuyos integrantes, violó el derecho a tener un lugar para vivir, sentenció en un comunicado la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esta decisión fue dictada por especialistas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales quienes además sentenciaron que el gobierno español debe ayudar a la familia a tener una “vivienda adecuada”.
El grupo de expertos que conforman este Comité, analizó a profundidad una querella interpuesta por los afectados, quienes en 2013 fueron obligados a abandonar la habitación que rentaban en acato a un ordenamiento judicial.
La familia está conformada dos hijos menores de edad: de tres años y un año, y los padres quienes se quedaron sin trabajo y en 2012 también dejaron de tener el apoyo subsidiario al desempleo, faltando así al pago del alquiler ubicado en Madrid.
Omisión
En el momento de elaboración del dictamen, el Comité encontró que la orden judicial fue ejecutada dentro de la legalidad, sin embargo, las autoridades no realizaron ninguna acción para que la familia tuviera un hogar alternativo y evitar que los padres y sus dos pequeños se quedaran a vivir en la calle, sin un techo que les proteja.
Este hecho requiere especial atención, porque España es parte del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)” y por ello el Comité también instó al gobierno español a generar y aplicar todo un sistema que dé por seguro el “derecho a la vivienda adecuada” para personas con poco dinero.
Experto
Rodrigo Uprimny, integrante del Comité, dijo que, si bien el caso expuesto no es el único y hay muchas familias que están viviendo situaciones similares tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, también es cierto que todos los seres humanos “tienen el derecho a una vivienda”, sin importar si es propia o arrendada.
Aseguró que los estados tienen la obligación de evitar que los desahucios no conlleven siempre a dejar a las personas sin techo, sino ayudar a buscar opciones.
Dijo que los estados deben garantizar y hacer más eficientes el total de los recursos que tienen a su disposición para ofrecer diferentes vías a quienes son desalojados y que se encuentren en “penuria”.
Será solo entonces y no antes, es decir, hasta que los gobiernos demuestren que agotaron todos sus recursos, cuando puedan decir que no pudieron hacer nada para evitar que las personas se queden sin su derecho a techo.
Cifras
Debido a lo difícil que es su censo y a la ignorancia social del hecho, se estima que en España se han quedado sin casa y viven en la calle entre 40.000 y 50.000 personas (más de la mitad con estudios superiores). De acuerdo con información difundida por el Centro de Acogida Assís de Barcelona se sabe que casi la mitad, 47 de cada 100, han sido víctimas de algún delito de odio o accidente y, por ello, el Senado aprobó por unanimidad que la "aporofobia" es decir el “odio al pobre” sea considerado como un factor determinante para hacer más grave un delito.
La propuesta que busca combatir la impunidad ante este tipo de delitos fue presentada por Unidos Podemos, quienes a su vez piden fortalecer las políticas de educación y sociales. Según el Centro de Acogida cada persona (la mayoría menor de 50 años) que vive en la calle: 2 de cada 10 es por agresión y el resto por otro tipo de desprecio a los pobres: la indiferencia social que les arroja a vivir sin derecho a techo.
