Una condena penal se ha convertido en la de mayor cuantía en la historia de las negligencias médicas de España: 5.2 millones de euros a los padres de una niña que quedó con daños neurológicos del 97 %. Un acuerdo particular con la aseguradora del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y las privadas Mapfre y Zurich evitó que el proceso judicial, que ya lleva casi una década, llegue al Tribunal Supremo por el delito de lesiones por imprudencia médica.
Los padres sienten que se ha hecho justicia
El acuerdo entre las partes llega tras una sentencia emanada desde un Juzgado en lo Penal de Ciudad Real de 2019 y una posterior de la Audiencia Provincial de este mismo año. Al monto de 5.2 millones de euros se llega sumando los 2.5 millones de euros en concepto de indemnización, más 2.3 millones de euros por intereses y capitalización de la pensión anual, más costas.
"Cambiarían todo este dinero por una hija sana", afirma Francisco Fernández-Bravo, el abogado de los Servicios Jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente, en relación a la sensación de los padres de la niña, que piensan que si bien se ha hecho justicia, tienen una sensación "agridulce" porque nada les devolverá a su niña sana.
Las señales ignoradas por los sanitarios que atendieron el parto
La denuncia se remonta al 14 de octubre de 2012, cuando A.P.C., tales son las iniciales de la mujer, acudió al Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas de Ciudad Real para el parto de su tercer descendiente, una niña en este caso.
El parto se complicó y los jueces tienen como probado que hubo negligencia médica en la atención, cuando el ritmo cardíaco fetal disminuyó. La niña nació con deficiencia de oxígeno, según consta en el fallo, por la falta de control durante el nacimiento, pese a las “claras e inequívocas señales de alarma”, desatendidas por el ginecólogo y la matrona.
La niña cumple diez años y es totalmente dependiente
“Ni dándoles el Palacio Real pagan estos daños”, afirmó la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente Carmen Flores para expresar el dolor de la familia por el estado irreversible de su hija, que podría haber sido totalmente evitable, aunque consideren que el fallo de la justicia sea justo.
A pesar de la dureza del monto económico y de probarse la negligencia profesional, el ginecólogo y la matrona, por haber sido tan solo multados y haber reconocido sus errores, no serán inhabilitados de sus funciones profesionales sanitarias.
La niña está por cumplir diez años y vive postrada desde su nacimiento a causa de las lesiones neurológicas e irreversibles que sufrió en los primeros instantes de su vida: encefalopatía hipóxico isquémica con parálisis infantil grave de predominio distónico y convulsiones, trastornos cognitivos, amnesia y paramnesia. La pequeña es absolutamente dependiente para alimentarse, vestirse, asearse e, incluso, toser.