Cuando la visita pastoral del Papa Francisco a Chile hace meses, la Prensa mundial informaba con detalle de casos de pederastia que estaban saliendo a la luz, pero que eran sistemáticamente negados por la Conferencia Episcopal chilena y por el propio pontífice.
Meses después, los obispos responsables de las 34 diócesis nacionales fueron al Vaticano y presentaron su dimisión irrevocable al Papa, el cual aceptó muy pocas de ellas, unas cinco.
Podrían ser 500 víctimas, según la Justicia chilena
Ahora salta un nuevo capítulo de este asunto: la Justicia de Chile imputa a Ricardo Ezzat, el máximo responsable de la Iglesia Católica a lo largo del país, en el marco de la investigación de 144 casos de abusos sexuales a 266 víctimas. Tendrá que declarar ante la Fiscalía Regional de Rancagua el 21 de agosto. Aunque el experto de esta materia, Luis Torres, dice que las víctimas podrían llegar a 500, cuando se tome declaración a las procedentes de zonas remotas del país, que de Norte a Sur mide 4.000 km de largo por apenas 200 km de ancho.
Además, la Fiscalía chilena solicitará al Vaticano informes de todas las denuncias recibidas por pederastia.
Hay un sacerdote, Óscar Muñoz, que fuera Canciller del Arzobispado de Santiago, la capital, que está en prisión preventiva.
Entre los obispos cuya dimisión fue aceptada por el Papa, están Juan Barros (de la Diócesis de Osorno), Gonzalo Duarte García (Valparaíso) y Cristián Caro Cordero (Puerto Montt). Ellos y sus otros 31 compañeros de la Iglesia chilena se consideraban responsables de una cadena grave de delitos que al principio eran negados no sólo por los dirigentes religiosos, sino por los feligreses, hasta que se vio la terrible evidencia de los mismos.
Administrador apostólico de sede plena
Los obispos fueron sustituidos por un “Administrador Apostólico Sede Plena”, que según las Leyes vaticanas, sólo se aplican en asuntos extraordinarios como este.
Ya se hizo en Adelaida (Australia), cuando estalló un escándalo parecido, que conmovió al país oceánico.
El Papa Francisco encargó una investigación, de la que se encargó el obispo maltés Charles Scicluna, y los resultados arrojan tremendas conclusiones, pero sin saberse todavía todo lo que hay detrás de tan horrorosos sucesos. De ellos se encargará de seguir investigando la Justicia de Chile.
Lo curioso es que en el caso de Monseñor Barros hay curas imputados como Fernando Karadima, que en 2011 fue condenado por la Justicia eclesiástica a una vida en retiro de penitencia.
Barros encubrió a Karadima, y Francisco defendió al obispo durante su visita pastoral al país, pero al volver al Vaticano, decidió investigar a fondo el asunto, pidió perdón por no haber hecho nada y recibió a varias de las víctimas, entre ellos Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, que luchan desde que sufrieron los abusos de Karadima en sus carnes para que se haga justicia.