Varios diputados del Grupo Popular denunciaron ante el Defensor del Pueblo que el Gobierno, al no hacer públicos los nombres del comité de expertos para la desescalada, violaba las leyes de Transparencia y Buen Gobierno y la Ley General de Salud Pública. El Consejo de Transparencia preguntó al Gobierno si dicho comité existía y si su actuación era legal. El Gobierno negó que hubiese existido un comité encargado de decidir que territorios avanzaban en la desescalada. Esta es la respuesta, enviada en un escrito por el Defensor del Pueblo, que han recibido los diputados denunciantes de estos hechos.
El Consejo informa que el Gobierno no incumplió la Ley de Transparencia
Por otro lado, esta no fue la única denuncia que recibió el Consejo de Transparencia por la negativa del Gobierno a publicar los nombres y comunicó al Defensor el Pueblo que las exigencias de las dos denuncias no tenían cabida en el art. 6.1 de la Ley de Transparencia. Por lo tanto, Transparencia ha declarado, como refleja el escrito recibido por el PP de parte del Defensor del Pueblo, que el Gobierno no incumplió dicha ley.
Esto es debido a que dicho comité no era algo ‘formal’, por lo que no está incluido en la estructura administrativa por lo que no se puede aplicar la Ley de Transparencia en este asunto. Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, también señala en el escrito dirigido a los populares que Transparencia, cuando preguntó a Sanidad por una posible violación de la Ley General de Salud Pública, fue respondida por la directora general de Salud Pública con la negativa existencia de un consejo que siguiese la situación sanitaria de las Comunidades Autónomas y decidiese cuales pasaban y cuales no de fase.
Sanidad también niega que existiese un consejo de expertos, pues ya se aplicaba la cogobernanza
Sanidad se defiende bajo la orden ministerial del 3 de mayo, en donde la cogobernanza para la transición a la nueva normalidad estaba vigente, aunque la responsabilidad y la última palabra en esta materia la tuviese el Ministerio, tras la valoración, siguiendo las directrices de la cogobernanza, de las distintas comunidades.
El final del escrito de Fernández Marugán termina informando a los populares que no va a realizar ninguna gestión más sobre esta materia, aprovechando para recordar al partido de Pablo Casado que su institución no está sujeta a ningún mandato imperativo, y que actuará de forma autónoma y con su propio criterio, sin seguir instrucciones de ninguna autoridad.
