La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se enfrenta a un juicio por falsificación de un documento oficial por el que la Fiscalía Provincial de Madrid está pidiendo la pena de tres años y tres meses de cárcel. La investigación se realiza en torno a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
El acto por el que se pide la prisión de Cristina Cifuentes
El acto por el que la Fiscalía solicita la prisión de Cifuentes es por inducir a la falsificación de un acta con pleno conocimiento de que se estaba aprobando una defensa del Trabajo de Fin de Máster que en realidad no se hizo y que mostró a los medios de comunicación y en las redes sociales, buscando evitar de ese modo las consecuencias políticas de esa acción.
Se considera, además, que la autora de la falsificación del acta fue Cecilia Rosado, quien es la directora del máster, y por ello pide 21 meses de cárcel, ya que reconoció el delito y prestó su colaboración en la investigación realizada.
La Fiscalía también ha solicitado para Enrique Álvarez Conde, quien fue director del Instituto de Derecho Público Autonómico de la URJC, la pena de tres años y nueve meses de cárcel por ser considerado uno de los cabecillas del caso.
Para María Teresa Feito, quien fue asesora de la expresidenta en la Consejería de Educación, la Fiscalía solicita la misma pena que para Cristina Cifuentes, tres años y tres meses.
Del mismo modo solicita el pago de una multa de 50 euros diarios durante un tiempo de 20 meses, que en total serían 30.000 euros, por parte de Álvarez Conde y Cifuentes.
Y una multa de 10 euros diarios que deben abonar durante 15 meses para Feito y una multa de 5 euros diarios durante cuatro meses para Cristina Rosado.
La defensa de Cristina Cifuentes
Para Cristina Cifuentes no se ha cometido ningún hecho ilegal, posición que ha mantenido desde que se ventiló por primera vez el caso en marzo del año pasado en un medio de comunicación, donde se le acusaba de haber falsificado sus notas del máster y de haberse matriculado tres meses después de lo previsto.
Después de que la acusación se hiciera de dominio público, Cifuentes mostró en una red social el acta, que estaba firmada por los miembros del jurado calificador de su máster, en un intento por aplacar el escándalo, aunque finalmente se demostró que era cierta la falsificación.
El mismo rector de la Universidad reconoció dos días después de haberse dado a conocer los hechos que no había constancia del acta en los servicios de postgrado, a pesar de que el archivo de este tipo de documentos es de carácter obligatorio.
