Nuevamente ha salido a luz pública el caso del juicio por fraude fiscal que enfrenta la familia del empresario Juan Muñoz, esposo de la periodista Ana Rosa Quintana. Ellos estarían detrás de un vasto chantaje que presuntamente estaba preparado por Manuel Villarejo y Muñoz, en contra de un juez inhabilitado de Marbella.

Una declaración de dos personas, quienes presuntamente serán los implicados en dicho chantaje, dejó claro al juez de la Audiencia Nacional Diego Egea, que tanto el senador como su cliente, serían víctimas de la pìeza llamada Pintor.

El chantaje se realizaría a través de la entrega de un vídeo sexual que nunca llegó a ser entregado, para que éste convenciera a su cliente de llegar a un acuerdo con los sevillanos, con quienes también tienen una disputa legal en un tribunal de Sevilla.

Actualmente Juan y Fernando Muñoz, están siendo cuestionados e investigados por delitos de extorsión y revelación de secretos,tras ser detenidos y liberados dos días después con medidas cautelares y prohibición de salidas del país.

Sin opinión sobre los vídeos

El comisario retirado Villarejo, omitió dar información alguna de los vídeos por los cuales se generaría la extorsión. Villarejo,lleva más de nueve meses en prisión condicional, por otro caso de corrupción referido a blanqueo de capitales, corrupción y organización criminal, donde además estarían involucrados efectivos policiales.

Armando el rompecabezas

Meses atrás, le fueron incautados al ex juez, una cantidad considerable de audios que tenía bajo resguardo en su residencia, donde queda clara evidencia de las negociaciones con los Muñoz y las acciones que hizo a su favor.

Uno de los archivos encontrados, si se quiere el de mayor peso, deja clara demostración de cómo el ex comisario recibió peticiones de estos empresarios para recuperar una importante inversión en Sevilla. Una nueva etapa de la investigación por parte del juez, pone en duda el hecho de que los clientes de Villarejo; conocían a cabalidad los métodos utilizados por el funcionario para cumplir a tales peticiones.

Servicios públicos y privados

Más allá de ser un funcionario público, este ofrecía servicios privados para algunos clientes , quienes conocían sus servicios con informes contentivos de información sensible, por la que cobraba importantes sumas de dinero a través de varias asociaciones.

El juez ha decidido dejar a estos clientes sensibles, fuera de las investigaciones por múltiples razones.

En uno de los audios encontrados, el funcionario asegura que el gobierno le paga poco, por lo que ante las cuantiosas sumas, accede a realizar los trabajos que le piden.

Nuevos archivos encontrados

Varios han sido los casos para los que el ex funcionario prestó servicios privados, pero incumpliendo las leyes. Uno de ellos es el caso de Susana García Cereceda, quien contrató los servicios para que se investiguen datos y llamadas de su hermana, a propósito de ganar un pleito por una herencia de una lujosa urbanización llamada La Finca, en Madrid.

Varios fiscales han pedido al juez De Egea, que finalmente le de prisión por todos los casos conocidos, sin embargo este no ha querido y tampoco fijó medidas cautelares.

De igual manera se espera que la Sala Penal de la audiencia Nacional, determine finalmente si este ex funcionario forma parte de la organización criminal que lidera Vallejo.

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