El Ministerio de Justicia pretende convertir en públicos los bienes que estén registrados por la Iglesia, ya que se encuentra elaborando una lista de esos bienes desde el año 2017, y este listado se publicará para cumplir con la Ley Hipotecaria y de Protección de Datos.

Para Antonio Hurtado, diputado socialista, esta propuesta de hacer público estos bienes representa un gran avance. Indica que el listado debe hacerse público, porque es la forma de recuperar esos bienes. Además de que así las instituciones y los particulares podrán hacer los reclamos pertinentes, en caso de que haya algún registro indebido.

Se estima que el total de los bienes sean 40.000 en todo el país. Asimismo, ha considerado el diputado que la reforma de la Ley Hipotecaria realizada en 1998, la cual le dio a la Iglesia Católica la facultad para actuar como una institución pública, significó una capitalización y un golpe dado a todos.

Algunos de esos bienes eran del dominio público

Con esa reforma de la ley se le dio potestad a la Iglesia para inmatricular bienes, y algunos de ellos formaban parte del dominio público. Como es el caso de la Plaza del Triunfo, cerca de la Mezquita de Córdoba, la cual pertenece actualmente a la Iglesia y fue pagada por un monto de 30 euros.

Con dicha inmatriculación violaron la convención europea de derechos humanos y así fue sentenciado por el Tribunal Europeo.

Ahora bien, piensa el diputado Hurtado que lo que busca el Ministerio de Justicia es recuperar esos espacios, que aunque se sabe que es algo difícil y que tomará mucho tiempo, pese a ello debe realizarse.

Estos cambios son beneficiosos para el Gobierno de Sánchez

Considera el diputado socialista que estas actuaciones por parte del Ministerio de Justicia, suponen un cambio positivo para el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que se busca eliminar los privilegios históricos de la Iglesia.

Se desconoce para cuándo estará el listado de los bienes. Con él se podrá saber cuántas propiedades puso la iglesia a su nombre y donde se encuentran ubicadas. La Iglesia nunca ha dado la cifra exacta y afirma no contar con esos datos, pues no se tiene un registro de los bienes inmuebles, así lo aseguró Fernando Giménez Barriocanal, responsable de los Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española.

Asimismo, algunos de los partidos políticos solicitan tanto al Estado como a los miembros de la Iglesia que se sumen a la iniciativa para que sea lo más transparente posible. Al respecto la Iglesia ha solicitado que no se le discrimine y que se cumpla con lo establecido en la Ley. La Iglesia dispone de la autonomía que le ha otorgado las normas canónicas y civiles, así que da su apoyo para que se realice el listado cuanto antes.

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