El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en sede parlamentaria que la exhumación de los restos del dictador, Francisco Franco, del Valle de los Caídos es "inminente". Sin embargo, según se ha informado en el espacio MTV de La Sexta, la familia del dictador no "quiere saber nada del traslado de los restos". Esta cadena de televisión, asimismo, señala que los herederos de Franco amenazan, incluso, con denunciar al gobierno socialista por "profanar la tumba".
En este sentido, señalan que, según han publicado varios medios de comunicación, el prior del Valle de los Caídos estaría en posesión de un acta firmada por los siete nietos del dictador en la que se manifiesta su desacuerdo con la decisión del ejecutivo socialista.
Santiago Cantera, al parecer, podría utilizar esa acta "para amenazar al gobierno de Sánchez".
Indica que si se atreven a entrar en la basílica "podrían denunciarles por profanación". El prior, según La Sexta, no quiere que se exhumen los restos del dictador de su actual ubicación. Solo podría obligarle a hacerlo su propia congregación que está ubicada en París o el mismo Papa.
Memoria Histórica
En este sentido, Gutmaro Gómez, historiador y profesor de la UCM, afirma en EN JAKE que la exhumación del dictador fascista no es "únicamente" una cuestión "simbólica". Alude a la Ley de Memoria Histórica para señalar que se tiene que "desarrollar" en su plenitud; sin embargo, precisa que se ha de "empezar por tener una constatación de todos los datos del pasado desde la guerra hasta la Dictadura" para poder llegar hasta las cuestiones jurídicas.
El profesor explica que en su labor de investigador "tiene dificultades de acceso a los archivos" para trabajar en temas de memoria histórica y, además, recalca un hecho que no tiene precedentes en entornos democráticos, como "que se tapan cosas". "Eso ocurre y se puede constatar en cualquier archivo", lamenta.
Aclara que, por ejemplo, se oculta información de la Brigada Político-Social para evitar facilitar dar datos de lo que se conoce como los "responsables de ordenar y ejecutar las órdenes en la guerra" y más, recientemente, determinadas cuestiones de los años setenta "siguen estando prohibidas".
Explica con triste ironía que es "más fácil" investigar en Londres que durante años en España escribiendo al ministerio de Interior o de Justicia para poder ver los "expedientes relacionados" con este período de la historia de España.
