El ministerio público promueve además una querella contra los miembros del sindicato electoral del 1 de octubre.
La Fiscalía finaliza dos nuevas acciones contra los alcaldes que abanderan a los municipios a favor del Referéndum de Cataluña. La Fiscalía Superior de Cataluña se querella contra los responsables de los entes que promueven la consulta ilegal, Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), y Miquel Buch, presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), además de la alcaldesa de Villanova i la Geltrú (Barcelona) y diputada en el Parament por Junts el Sí.
Los cinco miembros de la sindicatura electoral de Cataluña, Jordi Matas, Marc Misal, Josep Pagès, Tania Verge y Marta Alsina, tienen previsto recibir una querella de parte de la fiscalía de Barcelona, por colaborar en la celebración de la consulta, declarada ya ilegal por el Tribunal Constitucional.
Los alcades que firmaron el decreto de alcaldía propuesto por Neus Lloveras, serán citados a declarar como investigados debido a favorecer al referéndum. A LLoveras se le imponen cargos por desobediencia, prevaricación y malversación. Los mismos delitos se le atribuyen al presidente de la ACM, Miguel Buch.
Todos los imputados son claros conocedores de los pronunciamientos del Constitucional y de las consecuencias penales por incumplir la ley.
El Constitucional ha dado 48 horas a la sindicatura para su disolución.
La Fiscalía también ha presentado otra querella contra Carles Puigdemont, president de la Generalitat, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y todos los miembros de su ejecutivo, debido a favorecer la convocatoria del referéndum con su firma en el decreto.
Puigdemont, por su parte, abre dos dominios en el extranjero para reactivar la web del 1-O, cerrada este jueves por la Guardia Civil, para poder informar sobre el referéndum y permitir a los voluntarios inscribirse. Las réplicas contienen el mismo formato e información que la página que ya no está operativa. Incluye toda la normativa relacionada con el referéndum, suspendida por el Tribunal Constitucional, y el spot que promueve la consulta.
Todo esto alojado en una web del extranjero.
La Fiscalía exige la retirada de los carteles que promueven la consulta de los Ayuntamientos.
La última medida la ha llevado a cabo Correos, paralizando cualquier envío relacionado con el referéndum.
Debido a los acontecimientos acaecidos, los inversores tienen poca confianza en Cataluña.
