Con frecuencia solemos compararnos con los países más avanzados presentándolos como una situación idílica, pero luego vemos los nuestros y nos deprimimos por lo lejos que estamos de ser como ellos. La corrupción no es un tema menor.

En Argentina hablamos de “viveza criolla”, nos consideramos ventajosos, aprovechadores, “vivos”, en resumen, más corruptos. Esa percepción es generalizada en casi toda Latinoamérica. ¿Pero realmente hay más corrupción en nuestros países? ¿Esa mayor corrupción se debe a que nosotros somos más corruptos?

Posiciones en el ranking

Primero vamos con algunos datos de Transparencia Internacional [VIDEO] para evaluar en qué situación está nuestro continente.

En su Índice de Percepción de la Corrupción elaborado todos los años, los países latinoamericanos tienen puestos muy lejanos al top ten de transparencia. Claramente hay dos países que punteros y que hacen bien su trabajo. Tanto Uruguay (21) como Chile (24) durante los últimos tres años por lo menos se mantuvieron entre los 25 países más transparentes del mundo, algo que difiere respecto del resto de América Latina.

Los otros países se encuentran mucho más lejos. Brasil (79), Colombia (90) y Argentina (95), este último habiendo subido 12 puestos respecto del año anterior, son algunos de los países que aparecen dentro del top 100 pero muy lejos de la punta, y esta situación se mantiene así por lo menos desde hace 3 años, salvo para el caso Argentino que se ubicaba en el puesto 107.

Obviando los países centroamericanos por una cuestión de procedimiento, que tienen puestos muy variados, el resto de Sudamérica se hunde pasando más allá del puesto 100.

Perú (101), Bolivia (113) y México (123) cayeron hasta estos puestos cuando el año pasado estaban dentro del top 100. Por otro lado Ecuador (120), Paraguay (123) y Venezuela (166), que ya estaban en malas posiciones, se mantienen muy lejos de los primeros puestos.

En un contexto donde explotó el asunto del Lava Jato y las filtraciones de paraísos fiscales (Panamá Papers y Paradise Papers [VIDEO]) se hace necesario volver a debatir sobre una situación crítica de nuestro continente que, viendo la tendencia de los últimos tres años, muy lejos está de poder revertirse. Solo resta preguntarnos si las malas calificaciones son porque nosotros somos malos alumnos, es decir que los latinos somos corruptos, o que en realidad hay algo más que no estamos viendo.

No es una cuestión natural

Esta idea nos remite al debate contractualista del Estado de naturaleza, en donde el ser humano es bueno/malo por naturaleza, un debate que con el tiempo ya deberíamos considerar superado. ¿El hombre latino es inherentemente corrupto? ¿Somos malos por naturaleza mientras que los europeos son buenos? ¿Son los daneses, primer puesto los últimos tres años, los seres humanos más honestos y buenos del mundo? La respuesta es no, debemos alejarnos de respuestas naturalistas para realizar un análisis institucional y ver qué está fallando en nuestros países que no está pasando en los más transparentes.

Tenemos que analizar por qué por ejemplo, Argentina subió 12 puestos mientras que México bajó 28. La naturaleza humana, si existiese, es algo constante, pero los rankings van variando año tras año tras las políticas que se van aplicando. Finalmente, si la respuesta fuera naturalista, nada podría hacerse porque no se puede cambiar la esencia de lo humano y tal realidad debe ser inaceptable para cualquier politólogo y analista político.

En los países más transparentes, la diferencia es el costo y la dificultad que se tiene para realizar actos corruptos. Las experiencias de gobierno abierto hacen que robar sea mucho más difícil y si además hay instituciones que puedan detectar los casos y castigarlos, el nivel de impunidad baja considerablemente. Por ejemplo, los órganos de control y auditoría suelen ser fuertes, con un amplio alcance y recursos suficientes. Para contrastar con Argentina, la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación dependen directamente del presidente, no hay Defensor del Pueblo desde que el titular renunció en 2009 y la Procaduría de Investigaciones Administrativas estuvo acéfala desde 2009 hasta 2014.

Algunas buenas prácticas

En Dinamarca, por ejemplo, todos los ministerios están obligados a responder los procesos de auditorías que se crean, lo que a su vez asegura su publicidad de cara a la ciudadanía. Con pocas excepciones, también se puede observar un rol activo del Defensor del Pueblo, encargado de proteger a la ciudadanía de posibles abusos del poder de Estado.

Otro ejemplo positivo es el caso de Letonia, donde los partidos políticos están obligados a realizar reportes anuales e informes de ingresos y gastos durante las campañas, los cuales son auditados y publicados online para que toda la ciudadanía pueda acceder a ellas.

Es fundamental en Latinoamérica tener controles efectivos respecto del financiamiento de partidos políticos para evitar, por ejemplo, la realización de campañas electorales pagadas con dinero del narcotráfico.

Uno de los aspectos más difíciles para controlar tiene que ver con los lobby, es decir grandes grupos de presión que intervienen sobre los legisladores para que éstos realicen determinadas políticas que los favorezcan. Una regulación pobre en este sentido pone en jaque el valor mismo del gobierno representativo, concepto fundamental para la democracia moderna.

En Eslovenia, por ejemplo, existe un registro obligatorio al cual deben anotarse todos los lobbystas con su nombre, dirección, número de identificación fiscal y el registro de sus oficinas. Esta información está abierta para toda la ciudadanía a través de Internet. Los controles implican ver que los lobbystas estén correctamente registrados y que los legisladores solo se reúnan con aquellos que cumplan con las normas.

Relacionado con el punto anterior, se encuentran las famosas “puertas giratorias”, donde los funcionarios pasan del sector público al privado y viceversa fácilmente, lo que dificulta que un funcionario represente al interés público en vez de a su interés privado empresarial.

Las cuentas off shore son un ejemplo de esto pero para ejemplos más claros deberían verse los casos argentinos del Ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, este último ex CEO de Shell, empresa que ganó varias licitaciones durante su gestión.

En Noruega hay un “período de enfriamiento” en donde el funcionario que deja un cargo público debe esperar un determinado tiempo para volver a su actividad privada. Consecuentemente, una oficina especializada se encarga de verificar que se cumpla la norma y castiga a quien no la respete.

Como uno de los últimos ejemplos, el cual es fundamental para cualquier sociedad transparente, debe existir una Ley de Acceso a la Información Pública, como por ejemplo en Eslovaquia donde todos los ciudadanos pueden acceder a la información respectiva a agencias estatales o actores privados y, en caso de que la oficina se niegue a proveerla, el ciudadano puede apelar a una instancia superior.

Pero no solo eso sino que la ley exige que el gobierno publique proactivamente la información a través de Internet respecto de la administración pública. Si bien Latinoamérica ha avanzado en este punto, hay casos, como Bolivia y Venezuela, que no tienen ninguna ley promulgada al respecto, dos países con bajo ranking como se vio anteriormente. Además, Argentina sancionó esta ley recién en 2016 pero en su promulgación, a través de un decreto, se modificó la autoridad de aplicación haciendo que ésta pierda independencia.

Si bien no somos la panacea, tenemos la posibilidad de ir avanzando con pasos concretos en la lucha contra la corrupción. Los casos mencionados son solo unos pocos ejemplos en un universo muy amplio de políticas públicas que pueden llevarse adelante.

No estamos destinados a vivir en estos contextos, podemos cambiar, pero no lo haremos si cada vez que aparece un caso solo nos preocupamos por la coyuntura y no por toda la estructura institucional que sostiene ese sistema viciado. Debemos abrir la mirada y ver todas las variables, entendiendo cuánto afecta la corrupción al corazón mismo de la democracia.