Uno de los primeros aspectos que enfatiza la Alta Comisionada, Michelle Bachelet es que como consecuencia de la crisis política y económica que atraviesa el país a partir del año 2015, cerca de 4,9 millones de personas han abandonado Venezuela.
Dentro de la inestabilidad política referida, Bachelet, que tiene delegados en Venezuela, registra que cuerpos de seguridad afines al gobierno, persisten en los hechos de violencia en contra de la oposición con agresiones a huelguistas, comunicadores y políticos, sin que los organismos competentes se ocupen de los diferentes casos, para resguardar el orden y la seguridad de los agraviados.
Este organismo documenta allanamientos a la sede de partidos políticos, ONGs, y agencias de medios de comunicación, y por si fuera poco, desde el 5 de enero pasado, las fuerzas de seguridad han obstaculizado el acceso de los diputados de oposición al Palacio Federal Legislativo donde funciona la Asamblea Nacional.
Transgresión a los Derechos Humanos
Adicionalmente, la Alta Comisionada reseña que en la sede de la Dirección General de Contra-inteligencia Militar (Dgcim), se siguen cometiendo actos crueles y degradantes a la condición humana, de acuerdo a los alegatos que continúan llegando a su despacho.
Asimismo, delata que se insiste con el encarcelamiento ilegal de líderes sindicales, y manifestó su inquietud por el proyecto de Ley que intenta penar a organizaciones de defensa de DDHH que acogen fondos foráneos.
El referido Informe destaca en el aspecto político que, luego de la reelección de Nicolás Maduro en el año 2018, en una jornada comicial denunciada por anormalidades, el líder de la oposición, Juan Guaidó, fue identificado como presidente interino por Estados Unidos y una buena parte de los países del mundo.
Sanciones que repercuten en el gasto social
También en el escenario internacional, la administración del presidente Donald Trump ha aplicado sanciones al gobierno de Venezuela, lo que persigue presionar a Maduro para su salida del poder. Dichas disposiciones contemplan un embargo para el petróleo, el más importante recurso minero del país.
Michelle Bachelet ha censurado reiteradamente esas penalizaciones. Al respecto ha señalado que le preocupa la aplicación de nuevas medidas sancionadoras en lo económico, específicamente las que impactan a la empresa aérea Conviasa, y la industrial petrolera Pdvsa.
A juicio de la referida funcionaria, estas sanciones repercuten reduciendo los recursos del gobierno predestinados al gasto social, en tiempos donde 2,3 millones de personas se hallan en inseguridad alimentaria extrema, de acuerdo a la ONU.
Si bien las sanciones no se aplican para importaciones de medicamentos, alimentos e insumos para la atención humanitaria, los ciudadanos y los servicios públicos continúan padeciendo el impacto del control riguroso del sector financiero.
