Sigue en aumento la cifra de muertos tras la represión del Gobierno de Nicaragua. Un informe presentado este miércoles por la ANPDH, Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, reporta que desde el pasado 19 de abril hasta el 10 de julio DEL 2018, fallecieron violentamente 351 nicaragüenses a causa de los ataques perpetrados por el Gobierno de Daniel Ortega y sus adeptos.
Según el informe se han registrado 40 nicaragüenses asesinados, solo en los últimos ochos días. La mayoría de los decesos ha ocurrido en Carazo, zona donde el domingo pasado el régimen de Ortega llevó a cabo una “operación limpieza”.
El fatídico saldo
Entre las víctimas mortales contabilizadas hasta el cierre del informe, se tiene que la mayoría eran civiles (306), 28 eran pertenecientes a grupos paramilitares armados y 16 policías. Uno de los fallecidos era funcionario activo del ejército. En la lista de fallecidos se cuentan mujeres, adolescentes y varios niños.
Manugua es el departamento en el que se han registrado la mayoría de las muertes durante la oleada de protestas, con 162 decesos. En segundo lugar se encuentra Masaya con 35 muertes, seguido de León con 26 y Carazo, que aun cuando registra 25 muertos, la mayoría fueron abatidos durante la última semana. Otros departamentos del país centroamericano han reportado una menor cantidad de muertes a causa de las protestas y la represión gubernamental.
Denuncia de fosas clandestinas
Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la ANPDH, informó que se han realizado denuncias ante esa instancia, sobre la existencia de fosas clandestinas en el departamento de Carazo. Las tumbas clandestinas presuntamente se encuentran detrás de los estadios de Diriamba y Jinotepe. En esa zona, a pesar de que la ANPDH reportó 13 asesinatos durante el fin de semana pasado, otras organizaciones aseguran que la cifra real de víctimas mortales durante ese periodo es mucho mayor.
Heridos, secuestros y torturas
Según Leiva, entre el registro negativo consecuencia de las manifestaciones contra el régimen de Ortega y la represión gubernamental, se han contabilizado por lo menos de 2100 heridos, de los cuales 51 han sufrido daños permanentes.
También se ha denunciado que las personas arrestadas han sufrido maltratos y diversos tipos de tortura por parte los paramilitares y los cuerpos policiales.
Asimismo, se ha señalado la existencia de cárceles clandestinas y el uso de casas del partido Frente Sandinista para secuestrar y torturar a los manifestantes y a aquellas personas acusadas de apoyar las protestas contra el Gobierno.
La administración de Daniel Ortega se ha caracterizado por el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza, empleando incluso armas de guerra contra los protestantes, aun cuando éstas son de uso exclusivo militar. Además se han empleado francotiradores para atacar a los manifestantes.
La ANPDH, ha solicitado a Ortega el inmediato desarme de los grupos paramilitares quienes actúan en coordinación con la Policía y que además fueron organizados y armados por el Gobierno nicaragüense.
