Tras visitar a Nicaragua, un comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló las causas de los abusos ocurridos en ese país. El informe concluyó que todo se debe a la erosión de las libertades fundamentales y una fragilidad en el Estado de Derecho en la República de Nicaragua, así lo informó el alto comisionado, Zeid Ra'ad al Hussein.
Lamentables cifras
El experto en materia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha evidenciado la grave situación que se vive en el país. En el resumen del organismo se contabiliza que la cantidad de víctimas fatales supera los 300 decesos, con miles de heridos y al menos 700 detenciones arbitrarias con excesivo uso de la fuerza.
Adicionalmente, se han denunciado casos de desapariciones durante los hechos.
El funcionario señaló que la violencia y la represión que vive la nación centroamericana desde el inicio de las protestas en el mes de abril, son consecuencia de la “erosión sistemática” de los Derechos Humanos durante varios años.
Las medidas a tomar
Zeid Ra'ad al Hussein, agradece al Gobierno nicaragüense la invitación realizada al organismo para acudir a su país. No obstante, solicita con carácter de urgencia a las autoridades que reconozcan la gravedad de la situación que afecta a la nación, y los insta a cumplir sus obligaciones en materia de Derechos Humanos.
En el documento promulgado se hace la denuncia sobre la violencia que han generado los colectivos armados que apoyan al gobierno de Daniel Ortega.
En el informe se señala que los hechos de violencia se venido intensificando en los últimos días, principalmente en las zonas donde se han levantado barricadas como medida de protesta o como mecanismo de protección ante los ataques.
Entre las medidas sugeridas al Gobierno de Ortega se incluyen garantizar la protección general de la población, para evitar más muertes.
Además, el alto comisionado, solicitó al presidente de la nación que de manera inmediata sean desarticuladas las bandas armadas que apoyan a su Gobierno.
Enfatiza que existen evidencias alarmantes de represión selectiva e intimidación contra manifestantes que se oponen al régimen, como defensores de los Derechos Humanos, estudiantes y miembros de la Iglesia.
Señaló que existe la imperiosa necesidad de frenar la impunidad ante los hechos de represión y que se debe garantizar la justicia a las víctimas y sus familiares.
Asimismo, Zeid señaló que quienes han instigado o permitido que los grupos armados progubernamentales actúen deliberada e impunemente también deben ser llevados ante la Justicia.
