Parece que tras el acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno británico sobre las condiciones de salida del Reino Unido de la Unión, alcanzado el 8 de diciembre pasado entre Theresa May y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tras el que parecía que todo iba a ser un camino de rosas, los problemas se le anudan a la premier británica, ahora en su propia casa.
Sabemos por el referéndum sobre la salida de Reino Unido del organismo europeo, del 23 de junio de 2016, que el Brexit no era un clamor generalizado de la sociedad británica: una victoria mínima del 52% frente a un 48%.
Entre los grupos políticos, el laborista tenía una composición más homogénea en su apoyo a la permanencia. En cambio, el partido conservador de May siempre ha estado, como la propia sociedad británica, claramente dividido. De hecho, su antecesor conservador, David Cameron, dejó el cargo por su incompatibilidad de su defensa de la permanencia (aunque siempre matizada) con el resultado del referéndum favorable a la salida.
El enemigo en casa
Ha sido precisamente un representante conservador de la Cámara de los Comunes (la cámara baja, en el Palacio de Westminster), un antiguo fiscal general, Dominic Grieve, quien ha generado la propuesta mediante la que se aprueba una enmienda de ley por la que el futuro acuerdo de salida de la UE deberá de tener el visto bueno del Parlamento.
Y esto por 309 votos a favor por 305 en contra. Las diferencias quedan otra vez en nada. Lo peor (para May) es que esta vez en su contra, y con compañeros de su propio partido apoyando esta propuesta, junto a los partidos menos partidarios del Brexit (Laborista, Liberaldemócrata y SNP o Nacionalista Escocés). A la dura batalla con Bruselas se unen la batalla en su Parlamento, y la batalla en su propio partido.
Nada fácil.
No era la primera enmienda de la Gran Ley de Retirada de la UE. Éste es un texto legislativo enorme, en el que se recogen muchísimos aspectos de la desconexión, como el traspaso normativo europeo a la legislación británica, incluyendo el propio Tratado de Adhesión, de forma que al día siguiente del abandono no se genere un caos legislativo.
Como este texto contempla multitud de artículos y puntos abarcando todas las competencias que implicaba la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea, era susceptible de multitud de enmiendas por parte de la oposición. Pero finalmente ha sido la que exige un visto bueno parlamentario de los acuerdos la que se ha llevado el gato al agua, con apoyo de “tories” descontentos, con Dominic Grieve a la cabeza.
El último acuerdo con la Unión Europea
Recordemos que el pacto de May con Juncker de hace unos días consistía grosso modo en pagar la factura “de salida”, entre 40.000 y 45.000 millones de euros, garantizar los derechos de ciudadanos europeos residentes en el reino Unido, y en no imponer una frontera “dura” con la República de Irlanda.
Ahora le surge el escollo del voto parlamentario de los acuerdos suscritos.
La enmienda aprobada por los Comunes evita que el Gobierno pueda implementar los acuerdos mediante legislación secundaria y con un mínimo control parlamentario. Ahora todo, cada punto y cada coma, deberá de pasar por el aro del Parlamento. Sin embargo, el partido laborista no tiene demasiada fe en esta maniobra, ya que lo adjetiva como una votación “simulada”, y los disidentes conservadores con Grieve a la cabeza quieren un acuerdo escrito y firmado de que el voto sería significativo. Es decir, sin acuerdo parlamentario no habrá acuerdo, ni Brexit definitivo, de momento.
