Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, ha sido imputada este viernes después de que las autoridades hallaran aproximadamente 200.000 millones de bolívares en su vehículo, una cifra que ronda los 15.000 euros.
La activista ha defendido que tener dinero en efectivo no es ningún delito y que lo ahorraba para futuras emergencias familiares y sufragar gastos como los costes médicos de su abuela de 100 años.
Según informó la propia Tintori en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, la citación llegó a su casa de Caracas haciéndola saber que debía presentarse ante el tribunal número 48 de Control el próximo martes a las 9.00 horas.
Aunque dicha citación no aclara qué delitos se le imputan, el fiscal general Tarek William Saab asegura que es un presunto delito que va contra la legislación penal existente.
Por motivos similares, la Fiscalía de Venezuela también imputó y prohibió salir a dos vicepresidentes del Banco Occidental de Descuento, por su vinculación con la "distracción de recursos" y la incautación de una alta suma de efectivo en un automóvil de Tintori, según informó el Ministerio Público en un comunicado. Los imputados son Junior Fructuoso Márquez Ramírez y Luis Antonio Llavanero, de 67 y 53 años respectivamente. Aunque la información dada por el Ministerio no menciona directamente a Tintori, las autoridades sospechan que están relacionados.
Cuatro meses de protestas
La oposición venezolana lleva manifestándose en las calles contra el presidente Nicolás Maduro desde el pasado mes de abril. Los protestantes exigen la liberación de los presos políticos del país, además de que se suspendieran las dos sentencias que dejaban sin poderes a la Asamblea Nacional. En julio de 2017, la cifra de fallecidos en los enfrentamientos con la Guardia Nacional Bolivariana ascendía a 112.
La propuesta de Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente el pasado 1 de mayo acrecentó el enfado de la oposición, que continuó manifestándose y a los que el presidente venezolano acusó de querer dar un golpe de estado. El resultado de estos comicios fueron tachados de fraude tanto por la oposición del país como por la comunidad internacional.
El pasado 30 de agosto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, así como casos de desapariciones forzosas durante el transcurso de las protestas.
