España es el país de la UE que más quebranta las normativas de medio ambiente, así lo dictaminan las últimas estadísticas. El país se sitúa al frente de expedientes abiertos por transgresiones en relación al medio ambiente y triplica la media europea. Le siguen Grecia, Polonia e Italia. Es la tercera vez que el país encabeza este ejercicio.

Es costumbre que en España no se inquiete lo bastante al momento de aplicar la normativa ambiental de la Unión Europea. Desde el año 2007, no ha habido práctica en el que no tenga el primer lugar como el país más informal o el segundo más transgresor, compitiendo en ese mal con Grecia, Italia y Rumanía.

Durante el 2017, de los 325 procedimientos de infracción que fueron detectados por Bruselas, España tenía 30, cerca del triple de lo que le pertenecería si se hiciese una partición equitativa entre los actuales 28 países.

La totalidad de estas operaciones de infracción se produce porque no introduce las reglas comunitarias en los plazos conocidos, o porque, aunque las tenga asociadas al orden jurídico, no las cumple.

Problemas en el agua y el medio ambiente

La gran mayoría del problema tiene que ver con los procesos de los recursos de desechos hídricos y la calidad del agua. También al momento de ser tratadas entre los que más tardíos son y potencialmente caros. La sanción correspondiente puede ascender a los 50 millones de euros.

También se han encontrado casos sobre residuos o lugares de desechos hidráulicos, la protección de la naturaleza, la baja calidad del aire y el impacto ambiental.

Algunas estadísticas y datos del informe

El informe también revela los problemas en las técnicas, al tratar de contrarrestar las medidas para mejorar el ambiente. El documento señala que las reuniones van en decrecimiento.

Un claro ejemplo es el de 2015 del Ministerio de Agricultura y Pesca, en su última publicación, que tan solo respondía por el número de reuniones y de las normas pasadas a estudio.

El informe confirma que los impuestos se han reducido gradualmente respecto al Producto Interno Bruto de 1998, llegando a ser uno de los más bajos de la UE de todos los países.

Cristina Álvarez, asesora jurídica de BirdLife asegura que la solución es crear una delegación parlamentaria que verifique y regule todas estas anomalías en torno al medio ambiente. Esta mejora podría regular a todas las instituciones involucradas en el proceso de no regulación con el medio.