Este próximo martes, previsiblemente, el Consejo de Ministros que presiden Pedro Sánchez dará luz verde a la primera parte en la reforma de las pensiones. Siendo una de las propuestas que van dirigidas a Bruselas para que el país pueda tener acceso a los fondos de ayuda como consecuencia de la pandemia del Coronavirus. Esta importante medida social y económica se va a asentar en dos aspectos que afectarán a los jubilados a partir de los próximos meses.
Por una parte, supondrá que se pueda garantizar el poder adquisitivo de los mayores. Al revalorizarse las pensiones cada año con el Índice de Precios al Consumo (IPC) y no con el 0,25 % como hasta ahora.
De esta forma, los jubilados españoles empezarán a notar este cambio a partir de enero de 2022. Mientras que por otra parte, la implantación de este modelo regulatorio conllevará una serie de incentivos para que los trabajadores retrasen su retiro respecto a su fecha de jubilación.
Si la inflación es negativa las pensiones se congelarían
El ajuste de las pensiones a partir de 2022 estará vinculado a la inflación media anual que se produzca en noviembre del ejercicio anterior. Cabe recordar que en este año se ha producido un repunte en los precios que ha llegado en estos momentos al 2,6 %, porcentaje que haría que se actualizase la nómina de los jubilados españoles.
No obstante, si la inflación fuese negativa se congelarían todas las pensiones.
Es decir, no habría modificaciones en el pago que se lleva a cabo a estas personas. Con la puesta en marcha de esta medida se ha querido ofrecer un mecanismo más estable en la apreciación de este abono a las personas que abandonan el mercado laboral.
Algunos jubilados verán reducida su pensión en hasta el 21 %
La revalorización de las pensiones no es la única novedad que trae esta primera parte de la reforma, sino que por el contrario, también se impulsa gravar a las pensiones anticipadas.
Esto en la práctica se sustancia en que los coeficientes reductores de la pensión serán mensuales y no trimestrales.
Esta medida tiene como objetivo retrasar la jubilación de los trabajadores a partir de los próximos años. De esta forma, para las personas que coticen por debajo de 38 años y 6 meses le supondría una reducción en su pensión que oscila entre el 3 % y 21 %, al igual que habrá una serie de incentivos para que retrasen su jubilación.
Reducción en las cuotas empresariales
Otro de los puntos que ha tocado esta reforma es el que tiene que ver con la jubilación demorada. Al ser bonificada para tratar que este gasto social no se dispare en los próximos ejercicios y pueda ser viable en las cuentas públicas. De esta manera, se contempla que por año de retraso en la jubilación los afectados podrían obtener un 4 % en función de la pensión y de otras variables en su cálculo. De la misma manera que habría una reducción del 75 % de las cuotas empresariales que habrá que afrontar ante la Seguridad Social. En los casos de incapacidad temporal de los trabajadores que ya hayan llegado a los 62 años.
