La lucha contra el fraude laboral que está emprendiendo el gobierno español está dando sus primeros frutos. Se acaba de hacer público, dentro de las actuaciones del Plan de Lucha contra el Fraude Laboral y a la Seguridad Social, que han salido a la luz un total de 491.120 empleos que estaban siendo ejercidos de forma completamente irregular. Con una repercusión negativa sobre los trabajadores que no podían gozar de ninguna clase de prestaciones sociales. Siendo en muchos de los casos engañados por los empresarios.

Para subsanar este grave problema de la economía nacional, desde el Ministerio de Trabajo se apunta a que ha reforzado el cuerpo del Estados encargado de detectar estos casos.

Hasta el punto que desde 2012 se han incorporado cerca de 900 inspectores y subinspectores, que son responsables de perseguir esta lacra social que también repercute negativamente sobre los contribuyentes.

Falsos autónomos, el caso más grave

De entre todas figuras del tejido productivo nacional es la de falso autónomo la más grave de todas ellas. No puede olvidarse que estos trabajadores cuestan en torno a 500 millones de euros a las cuentas de la Seguridad Social. De tal es gravedad el tema que según cálculos de las organizaciones de trabajadores por cuenta ajena se estima que pudiese haber algo más de 200.000 personas que estuviesen en esta situación.

En muchos de los casos con largas jornadas de trabajo y con bajadas en su sueldo por encima de lo permitido.

Este abuso llega a que muchos de los afectados estén callados ante este escenario por el miedo a emplear su empleo. Se han llegado a detectar falsos que autónomos que tan solo cobraban 600 euros en jornadas laborales de ocho horas diarias.

Mucho cuidado con los abogados

A la hora de denunciar estos casos el mayor peligro reside en contratar abogados sin escrúpulos que se aprovechan de la condición de falso autónomo de sus defendidos.

Una de las señales para detectarlos es que nunca presentan una denuncia en la inspección de trabajo, sino que por el contrario todo lo fían a un falso juicio que nunca llega. Esto es así porque incitan a los trabajadores a llegar a acuerdos en vez de llegar a juicio. Para que de esta forma, puedan cobrar rápidamente sus honorarios que puede alcanzar hasta el 6% como máximo del importe de las indemnizaciones.

Por otra parte, también es frecuente que lleguen a acuerdos con los abogados de la otra parte para no llegar a juicio. A cambio de repartirse una parte del dinero que está en juego en presunto juicio. O incluso algo peor, que sean gratificados por las empresas objeto de las denuncias de los falsos autónomos. Un dinero por debajo de cuerda que pasa inadvertido ante los denunciantes. Una jugada perfecta para estos profesionales siempre obtienen tajada de su actuaciones más o menos delictivas.