La instrucción por el fraude de los ERE en Andalucía comenzó hace siete años. La jueza Mercedes Alaya ha estado a cargo de todo el proceso que hoy sienta en el banquillo de los acusados a Chavez y Griñan entre otros 20 altos cargos de la Junta.
Durante este Juicio se procederá a analizar las actividades en las que, presuntamente, se eludieron los controles fiscales que permitían otorgar ayudas sociolaborales. Los mismos se entregaban a empresas en crisis entre los años 2000 y 2011, la entrega de este dinero a empresas que no lo necesitaban, incluso algunas de ellas inexistentes, supuso para el juez de la causa una suma que supera los 800 millones de euros.
Las entregas arbitrarias de subsidios crearon un sistema que hoy se juzga en Andalucía y que integra una macrocausa, investigadas en otro procedimiento. Las ayudas las aprobaba la Dirección General de Trabajo, uno de los principales investigados en esta causa es Francisco Javier Guerrero, el ex director general de la institución.
El destino insólito del dinero
Tras siete años de investigaciones pudo conocerse algunos de los fines en los que se gastó el dinero de las ayudas. En la lista aparecen desde un chófer hasta una monja. Una importante suma, se cree fue destinada a empresas de la Sierra Norte de Sevilla que estarían vinculas con ex concejales y políticos. Algunos de los hoy involucrados en este juicio, tuvieron la suerte de prejubilarse en ciertas empresas para las que nunca trabajaron.
Lo sórdido del entramada que se analiza, también involucra al chófer de Guerrero. El conductor, Juan Francisco Trujillo, habría recibido del ex Director de General de Trabajo, ayudas por 1,5 millones de euros. Trujillo declaró con anterioridad que una suma importante de ese dinero se gastó en la compra de cocaína y en la adquisición de antigüedades y copas.
La mujer de Juan Francisco Trujillo también es investigada como beneficiaria de las ayudas que percibía su marido.
La Fiscalía considera que empleado y empleador habían ideado crear ciertas sociedades mercantiles con el fin de obtener ayudas sociolaborales y beneficiarse de estas con falsos proyectos de inversión. Dos de esas empresas habrían recibido unos 450 mil euros como subvención, sin siquiera haber realizado el trámite de solicitud.
La Fiscalía también sostiene que Trujillo le habría dado a su esposa la suma de 24 mil euros para que pudiera adquirir una propiedad.
Una macrocausa en diferentes partes
La complejidad de la causa y la cantidad de implicados, ha hecho que se juzguen por partes separadas. En el juicio que ha dado comienzo este miércoles se sentarán en el banquillo José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández, todos estos exconsejeros de la Junta de Andalucía.
Los más de 20 acusados han recibido un pen drive, a traves de su defensa, con la causa. Cabe mencionar que la misma consta de miles de folios. Por los juzgados pasarán 115 testigos, en lo que se supone se convertirá en un proceso complejo y de larga duración.
Ambos expresidentes se han declarado, en todas sus intervenciones ante el juez, inocentes y tranquilos. Griñan ha manifestado que no existió una macroperativo para defraudar, pero si reconoció que existió un fraude que pudo ser ocasionado por un buen control.
Griñan se enfrenta a una pena de 30 años de inhabilitación y 6 años de prisión, mientras que para Chaves se ha pedido 10 años de inhabilitación por el delito de prevaricación. Desde este miércoles y hasta el viernes 15 se dedicarán la jornadas a las cuestiones previas, recién el martes 9 de enero se retomarán las actividades.
