Un ERE en Alcoa dejaría en la calle a casi 700 personas y provocaría casi 2000 despidos Todo este drama se inició el pasado mes de octubre, cuando la multinacional líder en el sector de la producción del aluminio tomó la decisión de cerrar dos de sus plantas en España (la de A Coruña y la de Asturias).

Los trabajadores ya han llegado hasta Madrid en un último intento para lograr una salida a esta crisis que les permita mantener sus puestos de trabajo. Alcoa (Aluminium Company of America) es el tercer productor de aluminio a nivel mundial.

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Hasta el año 2016 llegó a tener 14.000 trabajadores en 10 países

Su relación con España se inició en 1972 cuando adquiere la antigua Empresa Nacional de Aluminio (Inespal) en la ciudad de Avilés. Después, en 1980, adquiría el Complejo de San Ciprián en A Coruña. En octubre del año pasado, la empresa decidió cerrar sus puertas abriendo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). En un comunicado explicaba las razones para tomar esta decisión: ambas plantas tenían problemas estructurales, tanto de producción como tecnológicos, que no las hacían eficientes y presentaban costes fijos muy elevados.

Todo ello unido a la sobrecapacidad de producción de empresas chinas, el alto precio de la materia prima y el elevado coste de la energía eléctrica en España, lo que provocaba que llevasen dos años produciendo pérdidas. Pero, según los trabajadores, es completamente mentira lo defendido por la empresa: hay fábricas de la empresa trabajando de la misma manera en Noruega y no dan problemas; además en Europa hay un déficit de aluminio de 3,5 millones de toneladas.

En total, tenía en nómina a 317 trabajadores en Avilés y 369 en A Coruña

El problema en la tecnología empleada por las fábricas es causado por la falta de inversión de la propia compañía y el Gobierno español está en trámites de cambiar el marco de energía del país.

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Según el sindicato de la empresa, la susodicha sólo tiene una idea en mente: seguir ganando un 27%. No hubo negociaciones con los trabajadores, la empresa sólo tenía un objetivo en mente: cerrar. Y no buscaba soluciones con los empleados.

Reyes Maroto, actual ministra de Industria, Turismo y Comercio, ha solicitado a la empresa que sea responsable y que deje de bloquear posibles alternativas que permitirían que las fábricas se mantuvieran abiertas. La empresa, por su parte, asegura no estar bloqueando nada.

Incluso, ha ampliado el período de consulta más tiempo de lo que marca la ley (la norma dice 30 días y ellos la han extendido a 75 días, finalizando dicho período el próximo 15 de enero). Y recuerdan que a lo largo de estos dos meses no ha surgido ninguna oferta seria para adquirir las dos fábricas. Los trabajadores se desplazarán hasta Dinamarca para seguir manifestándose y luchar por sus puestos de trabajo, si el gobierno y sindicatos no son capaces de parar el eminente cierre.