La situación de Juana Rivas comenzó a complicarse desde el 25 de julio. Sus abogados y asesora judicial, parecían en un principio, respetar y hasta aconsejar esta actitud de la granadina. El apoyo fue rotundo, al menos las primeras semanas, Susana Díaz, Ada Colau y hasta el propio presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, hicieron pública su preocupación porque el que caso se resolviera de la mejor manera posible para la mujer y los niños.
Sin embargo, con el correr de los días, con Juana ya en paradero desconocido y Francesco Arcurí acudiendo a cada citación de judicial, la situación de madre desaparecida perdía fuerza social.
No de sus vecinos de Maracena, que aún mantienen colgados de sus fachadas los carteles que aseguran que Juana estaba en su casa, sino desde quienes con algo de voz, podían defenderla públicamente.
El motivo principal de este cambio se ha debido a la desobediencia de la granadina para con la justicia. Lo que ha determinado el Juzgado Número de Granada es que los niños regresen a su país de residencia habitual y desde allí, se espere la resolución judicial por parte de los tribunales italianos. Los tribunales españoles no tienen la competencia necesaria para enfrentar los hechos que, según lo que relata la propia Juana, se sucedieron en Italia.
