"Para que una víctima de explotación deje de serlo y se convierta en superviviente, sólo es necesario denunciar y el estado se encarga de su protección."

Y así fue como en España nos creímos dos mentiras:

  • Que las víctimas de Trata de personas (igual que las de violencia de género) sólo tienen el derecho a serlo si colaboran con la justicia formalizando una denuncia y no por el simple hecho de haber sufrido un delito.
  • Que el estado proporciona atención de calidad a las víctimas de la trata y les da oportunidades para construir un futuro fuera de la explotación y el abuso.

Actualmente, la trata de personas se contempla en el artículo 59 bis de la ley de extranjería.

Esta ley no sólo vulnera derechos humanos por el enfoque desde el que se construye sino por la gran cantidad de vacíos legales que tiene.

Una alternativa para mejorar esta situación es la publicación de una Ley integral contra la trata. Para entender mejor las limitaciones de la ley que regula la trata en la actualidad y plantear soluciones mediante una ley integral es necesario hacer un breve análisis de lo que no está funcionando hoy.

Los principales fallos del artículo 59 bis de la Ley de extranjería

  • El problema principal no es la extranjería

Cuando hablamos de trata de personas en España, damos por hecho que todas las víctimas de esta situación son de países vulnerables y que esta realidad nunca nos va a tocar a nosotros y a nosotras de cerca.

Reportes publicados por la policía a lo largo de todo el 2017, acreditan que cada vez son más las mujeres y adolescentes españolas que caen en redes de prostitución y explotación sexual. Esto haría que en caso de sufrir una situación de explotación sexual y laboral, junto con el alto porcentaje de mujeres y niñas de nacionalidad rumana, búlgara y moldava, las españolas tuviéramos una desprotección absoluta, ya que somos procedentes de la unión europea y el asilo y la protección subsidiarias normalmente se destinan a quienes de otra forma, serían consideradas inmigrantes ilegales.

Este es el principal motivo, por el que el enfoque de la trata de personas no debería estar centrado en la situación de extranjería sino en la de derechos humanos vulnerados.

Una Ley integral contra la trata tendría el papel de proteger a todas las víctimas de su situación, sin importar su nacionalidad o situación legal.

  • Para protegerte, necesito algo a cambio.

La legislación vigente en materia de trata de personas otorga a la víctima un periodo de 90 días para reflexionar sobre la posibilidad de colaborar con la justicia haciendo una denuncia formal que permita desmantelar la red de explotación o no hacerlo y nunca penalizar al explotador. El estado solo dotará de protección subsidiaria y de asilo a la víctima en caso de escoger colaborar con la justicia y denunciar la situación.

Esta denuncia, debe ser congruente y válida, lo cual tiene sentido, si no fuera porque el síndrome de estrés postraumático, los cuadros de ansiedad crónica y la depresión, hacen casi imposible que una mujer o menor de edad que ha sido violada durante 40 veces al día y sometida a violencia durante años, construya historias coherentes o incluso se declare a sí misma como víctima, ya que, al igual que en la violencia de género, muchas experimentan fases de negación de la realidad muy intensas.

¿Cómo 90 días pueden reparar el daño de tantos años de violencia y dolor? ¿Por qué una víctima no es víctima por el simple hecho de haber sufrido un delito?

Una ley integral contra la trata enfocada en la defensa de los DDHH persigue el crimen y busca castigar al explotador, pero por encima de todo; defiende a las víctimas por el hecho de serlo y facilita herramientas que garanticen su bienestar y faciliten rehabilitación mental, física y emocional.

  • La protección de los derechos de la infancia es una prioridad.

En la actualidad, más de 3.000 niñas y niños son prostituidos en las calles españolas o forzados a ejercer la mendicidad. El estado tiene dispositivos que protegen a mujeres prostituidas o a personas en situación de inmigración ilegal, sin embargo nadie vela por los derechos de los menores sometidos a explotación en este país pese a la elevada cifra de víctimas de trata.

La extranjería generaliza el perfil de la víctima y sólo piensa en la legalidad. Una Ley integral contra la trata entendería la magnitud del fenómeno y el perfil de la víctima y crearía recursos específicos para proteger a los más vulnerables.

Entendiendo esta realidad desde la perspectiva de los DDHH, los españoles estamos siendo negligentes. Está en nuestra mano movilizarnos y pedirle a nuestro gobierno otro tipo de leyes que nos hagan tomar con más seriedad la explotación en nuestras calles y que nos ayuden a empezar a prevenir esta realidad en las generaciones que vienen.