A pesar de que cada vez hay más personas a favor de la legalización del vientre de alquiler o Gestación Subrogada, en España (por poner un ejemplo, el partido político Ciudadanos incorporó este punto en su programa electoral, en las últimas elecciones), esta semana ha recibido un duro golpe por parte del Comité de Bioética, que está adscrito al Ministerio de Sanidad: ha propuesto prohibir esta práctica reproductiva y que se multe a todas las agencias que ofrecen este tipo de gestaciones, en España.

Además, quiere promover, a nivel internacional, un nuevo marco regulatorio que lleve consigo la prohibición de contratos de gestación subrogada o vientres de alquiler (un contrato en el que se establece cuando una mujer gesta durante nueve meses a un bebé cuya paternidad y maternidad cede a terceras personas) para poder garantizar la dignidad, tanto de la mujer como del niño, según se puede leer en el "Informe sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada".

El aspecto que más preocupa es la utilización del cuerpo de la mujer (según el informe, "venta") y que este tipo de contratos entrañan una explotación de la mujer y un daño a los futuros intereses del menor.

Y no se encuentra una fórmula para dar respuesta a las necesidades de los futuros padres respetando la dignidad de la madre gestante.

Recuerdan que la Ley de Reproducción fechada en 2015 considera nulos los polémicos contratos de gestación subrogada.

Pero, el dilema está encima de la mesa ya que cada año hay más parejas que apuestan por esta técnica fuera de España (en países como México, Tailandia, algunos estados de Estados Unidos, India o Ucrania) y deben registrar al hijo en España.

Y, aunque la Dirección General de Registros y Notariado, en el 2010, aprobó que se realizase el registro del menor para que no quede desprotegido, ya existen sentencias posteriores que han complicado mucho las cosas.

Para este organismo, la única solución es prohibir esta técnica con la excusa de la utilización del cuerpo de la mujer.

Mientras esta prohibición entra en vigor, el Comité reconoce que para poder proteger la figura de los niños se lleve a cabo la doctrina marcada por el Tribunal Supremo que recomienda la adopción y el acogimiento como términos para proteger al menor.

Y recuerdan que ser concebidos a través de la gestación subrogada va contra la dignidad de la madre gestante y del bebé.

Estas ideas no satisfacen a las organizaciones "Asociación de Gestación Subrogada de España" o "Son nuestros hijos" que reinvindican que este tipo de gestación debería ser legal en España.

Actualmente, a la hora de registrar a los menores hay diversas interpretaciones de la ley y se viven situaciones complicadas.