El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, se ha negado a firmar una declaración conjunta con la Fiscalía provincial, que pretendía opacar el impacto del escándalo provocado por la filtración de las conversaciones entre el abogado del empresario Alberto González Amador y el fiscal encargado del caso Julián Salto. De acuerdo con varios medios de prensa, el suceso tuvo lugar este viernes, durante una reunión entre Ribón, el Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.
El decano del ICAM había expresado su inconformidad por lo ocurrido
Según ha trascendido, el pasado jueves, el mencionado Eugenio Ribón contactó con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para expresar su inconformidad con la nota difundida por el ente judicial donde se precisaban los pormenores del diálogo sostenido respecto al presunto delito de fraude fiscal cometido por el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Cabe señalar que horas antes, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, había autorizado la difusión de la nota donde se daba a conocer las conversaciones secretas con la defensa del novio de Ayuso.
En medio de este contexto, el fiscal García Ortiz coordinó la reunión con Eugenio Ribón y Victoria Ortega en la propia sede del Ministerio Público.
Fuentes cercanas a la institución afirmaron que el propósito del encuentro era intentar encontrar una posible solución para opacar el escándalo provocado por la filtración. El fiscal general del Estado propuso a los presentes rubricar un comunicado conjunto donde se reconocieran los principios fundamentales que signan el accionar de la fiscalía general y del Colegio de la Abogacía.
El decano del Colegio de la Abogacía afirmó que era hora de depurar responsabilidades
Ribón se negó a firmar la declaración alegando que era muy grave lo ocurrido. El prestigioso jurista aludió al hecho de que es hora de depurar responsabilidades, no de emitir comunicados, pues el derecho de defensa es sagrado y el secreto de las comunicaciones es innegociable.
De igual modo, el Colegio de la Abogacía de Madrid ratificó su rechazo a que el caso afecte a Alberto González y en consecuencia a Isabel Díaz Ayuso. La entidad aseveró que tras lo ocurrido estaba en juego el respeto a la confidencialidad de las conversaciones mantenidas entre abogados y el fiscal, un pilar del Estado de derecho.
Horas después de la reunión, el Consejo General de la Abogacía Española difundió una declaración donde sentenciaba que la difusión de contenido concreto de comunicaciones entre el Ministerio Fiscal y la defensa de un investigado constituye una vulneración de la garantía de confidencialidad. En el texto referido, se ratificó que en ningún caso la fiscalía puede exceder las facultades que se le otorgan y por ende debe respetar el llamado protocolo de conformidades.
