El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, presentó ante el Juzgado de Instrucción de la capital española una denuncia contra la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de revelación de secretos. El hecho en cuestión le da continuación a la línea de acción seguida por la institución tras la nota de prensa emitida hace solo unos días por la Fiscalía Provincial, donde se exponen datos de las conversaciones sostenidas entre el abogado del empresario Alberto González Amador, acusado de fraude fiscal, y el letrado encargado de llevar el caso en el Ministerio Público.
El delito está recogido en el artículo 417.2 del Código Penal
Fuentes cercanas a la institución aseguran que el ICAM entiende que la difusión de los correos cruzados entre el abogado de la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Fiscal encargado del caso constituye un delito. De acuerdo con la entidad, el artículo 417.2 del Código Penal estipula una condena para el funcionario público que quebrante los estatutos que impone el Ministerio Fiscal.
📢La abogacía de Madrid denuncia al Ministerio Fiscal por revelación de secretos⚠️
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— Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (@icam_es) March 20, 2024De igual modo, en su alegato el ICAM señala que el referido tipo penal protege el servicio que los poderes públicos deben brindar a la comunidad, de manera particular lo concerniente a guardar la información sensible que pueda poseer un determinado funcionario por su alto cargo.
El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid sentenció que el autor del mencionado delito sería la persona que autorizó la divulgación de las conversaciones. Cabe reseñar que en la nota dada a conocer por la Fiscalía Provincial se exponen la intención del abogado de la pareja de Ayuso de llegar a un acuerdo para establecer un pacto de conformidad acorde a la pena solicitada por la comisión del presunto delito de fraude fiscal.
El ICAM resaltó que no interpuso la denuncia contra una persona en particular. La entidad jurídica afirmó que con este paso deja en manos de un juez la responsabilidad de encontrar al posible culpable.
El ICAM seguirá con las acciones legales
Eugenio Ribón expresó que era un deber del ICAM actuar con determinación ante una falta tan grave.
El abogado aseveró que el organismo judicial nunca se pondrá de rodillas y en consecuencia pretende ejercer un despliegue sin precedentes de acciones legales.
El fiscal general autorizó la difusión de las conversaciones
Cabe reseñar que fue el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien autorizó la publicación de las conversaciones entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal encargado del caso. Tras el escándalo originado por el suceso, el propio Ortiz intentó llegar a un entendimiento con el ICAM, convocando a una reunión en el mismo Ministerio Público.
A la cita acudieron Eugenio Ribón y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega. En ese entonces, el fiscal propuso la firma de un comunicado conjunto donde se evaluara la actuación coherente de la Fiscalía y del Colegio de la Abogacía.
En un comunicado dado a conocer por el consejo del ICAM en esa misma jornada, se supo que Ribón se negó rotundamente a firmar cualquier documento, aludiendo que era momento de depurar responsabilidades, no de firmar comunicados. En el texto, el directivo agregó que se tomarían medidas, tal como ha ocurrido.
